Las defensoras y familiares de las niñas acusaron que tanto el funcionario del Ministerio Público (MP), Héctor de Nova Cruz como la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares del municipio han aplicado un mecanismo de impunidad al no hacer funcionar los protocolos ni dar un “trato digno a los afectados”.
En conferencia de prensa, realizada este 9 de mayo en el Centro de Comunicación (Cencos) las integrantes de la Asamblea Vecinal exigieron la destitución de Nova Cruz, quien aseguraron ha cometido negligencias, abuso de su poder e incluso ha protegido a los agresores para no ser procesado, no sólo en los casos de desaparición de Karina y Estrella, sino en otros que se analizan en la “mesa 5 del turno vespertino” que él atiende.
BUSCAN JUSTICIA ANTE LA IMPUNIDAD
Antonio González Eusebio, dijo a Cimacnoticias que el 9 de abril de 2017, su hija Karina González Fabián, de 12 años de edad, fue sustraída pues aseguró que Joel Cristian Bolaños, de 28 años de edad, entró a su domicilio ubicado al oriente del Edomex y sacó a la niña. El sujeto justificó su acción al decir que era novio de Karina.
Los padres de la niña levantaron la denuncia al día siguiente de la desaparición en el Ministerio Público de Neza, donde el funcionario encargado de la “mesa 5 del tuno vespertino”, Héctor de Nova Cruz tomó la de denuncia por “desaparición”. El 11 de abril el funcionario entregó a los padres las hojas de la “Alerta Amber” y el “Protocolo Alba” pero de ahí en adelante, comentaron, no hubo ninguna otra acción de las autoridades.
González Eusebio denunció una deficiente respuesta por parte de las instituciones para detener al hombre que se llevó a su hija, ya que –dijo– tanto su esposa como él tuvieron que negociar, durante casi 4 semanas, vía telefónica, para que Cristian Bolaños regresara a Karina a su casa, pues se trasladó con la menor al pueblo de Villa Tamazulapan, en el estado de Oaxaca.
Cuando el agresor aceptó regresar, acordó con los padres de Karina reunirse en una parada de autobuses de la colonia Santa Martha Acatitla, en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Previo al encuentro los padres de la niña, junto con las integrantes de la Asamblea Vecinal apoyo al MP de “Neza”, pidieron que la policía municipal los acompañarán al lugar de encuentro para detener al agresor, sin embargo, éstas se negaron al decir que esa zona no les competía por no ser parte del municipio.
En un intento de compensar su ineficacia el MP dio a los padres de Karina una hoja para que solicitaran ayuda a la policía de la CDMX, pero la policía capitalina también se negó a ofrecer sus servicios.
Como resultado de lo anterior los padres de la niña optaron por acudir al lugar acordado con el agresor por sus propios medios. “Tomamos un taxi y nos fuimos… teníamos medio que se fuera a escapar”. Ese día, 4 de mayo, después de casi 4 semanas, los padres de Karina por fin volvieron a ver a su hija.
Un vez reunidos con el supuesto agresor, Joel Cristian Bolaños, los padres de la menor lo llevaron a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares de “Neza” para acusarlo de desaparición, no obstante la Fiscalía les dijo no estar enterada del caso de su hija, por lo cual se negaron a aprehender al sujeto con el argumento de que no lo encontraron cometiendo un delito.
En repuesta a lo dicho por la Fiscalía, las integrantes de Asamblea Vecinal iniciaron un mitin afuera de las instalaciones del edificio de gobierno. “Al final, debido a la presión y a que el agresor quiso sobornar a las autoridades, fue retenido por el delito de cohecho: soborno”, explicó la activista Elisa Arista.
Ese día, mencionó Antonio González Eusebio, el funcionario Héctor de Nova Cruz, ya se encontraba en la Fiscalía antes de su llegada y cuando ellos se presentaron aprovechó para conversar con la niña sin la presencia de él o de la madre de Karina. Después se enteró que en la charla el funcionario sugirió a la niña no dejarse revisar por el médico legista. El funcionario le dijo: “Tu no quieres que él vaya a la cárcel”.
Al ver que Karina no quiso una revisión médica, las integrantes de la Asamblea Vecinal exigieron se pidiera una psicóloga y una médica legista de MP de Tecámac, donde hay personal capacitado en casos de violación sexual, esto con el fin de que realizaran un peritaje psicológico., mismo que más tarde determinó que Karina presentaba el síndrome de “la mujer maltrata”, por tanto, no era consientes de haber sido violada.
Con base en los resultados, el 5 de mayo de este año, la Fiscalía cambió la tipificación del caso de Karina de “desaparición” a “violación equiparada”, delito que reconoce “la cópula con una persona incapacitada para resistir física o psíquicamente el acto, por razones de padecimientos físicos o mentales, edad u otras condiciones o situaciones de indefensión”, el cual se sumó al delito de “cohecho”.
“La niña asumía estar enamorada del agresor y muchas de las cosas que él le hizo como algo normal”, agregó Elsa Arista.
El padre denunció que el funcionario, Héctor de Nova Cruz no le ha entregado la carpeta de investigación sobre el caso de su hija. A la fecha se han realizado 6 audiencias para revisar el caso y dictar sentencia contra Joel Cristian Bolaños en el Penal de Neza-Bordo. Agregó además que teme que el agresor quede libre o reciba una sentencia injusta debido a las irregularidades que se han suscitado durante el proceso.
“SE FUE CON EL NOVIO”
Por su parte, la madre de Estrella, Elizabeth Soriano Soriano, reclamó la falta de apoyo y respuesta en su caso. Desde hace 17 meses está a la espera de que las autoridades investiguen y den con el paradero de su hija, Estrella García Soriano, adolescente de 14 años de edad que desapareció el año pasado.
La madre de la niña evidenció que durante las primeras horas de la desaparición cuando acudió a denunciar sólo le repetían: “se fue con el novio”, “en dos meses regresa”, sin embargo hasta la fecha su hija no ha regresado ni ha obtenido información de su paradero.
Estrella García Soriano desapareció el 26 de octubre de 2017. Ella estaba con su madre trabajando en el negocio familiar en un tianguis ubicado entre las calles Mixtecas y Mañanitas, de la colonia de Benito Juárez, en Nezahualcóyotl. El tianguis se ubica a dos cuadras de su casa. La niña le dijo a su madre que se sentía muy cansada y que se ir iría a la casa pero nunca llegó.
“El no saber de tu hija es muy difícil (así como) el saber qué pides ayuda y no hay nadie para darte una mano… seguiré así hasta que pueda encontrarla”, dijo Elizabeth Soriano.
Al igual, explicó que la única acción de las autoridades ha sido proporcionarle el boletín “para que lo pague”, no obstante –enfatizó– los carteles son despegados por los policías de los módulos de vigilancia: sitios destinados para dar difusión a este tipo de casos bajo el argumento de que “no quieren basura”. En consecuencia Soriano Soriano ha buscado ayuda con instituciones y organizaciones con el propósito de hacer presión en las autoridades para agilizar averiguación de su hija.
“Todo esto te cambia, cambia tus planes. Son varios los casos no sólo es el mío”, dijo.
Las irregularidades el MP de “Neza” no sólo son en los casos de mujeres desaparecidas, también sucede con varones con discapacidad o adultos mayores, por ejemplo con Andrés Salinas González, hombre de 60 años de edad, quien desapareció el 20 de febrero de este año. “Aún no se sabe dónde exactamente se perdió”, comentó Francisco Salinas García, hijo del señor.
Salinas García declaró que el funcionario Héctor de Nova Cruz le ha dado un trato “déspota”, no le informa sobre las acciones que se han efectuado en su caso y retrasa la entrega de oficios importante: “Ahorita no tengo tiempo”, “hay mucho trabajo”, “si quieres una respuesta rápida hágalo usted mismo”, son algunos de los argumentos con los que se respaldan las autoridades para no realizar sus funciones.
Además, explicó las autoridades han atribuido la desaparición de su padre a la enfermedad que padece: demencia senil, y de eso se aprovechan para no buscar más indicios. “No he aceptado la desaparición de mi papá. Pido nos apoyen a mí y a mis compañeros”, finalizó.
Además de estos tres casos las defensoras e integrantes de la Asamblea Vecinal declararon que acompaña dos denuncias más: una por feminicidio de una niña de nombre “Diana” y otra por la desaparición de dos hermanas gemelas, de los cuales no se quisieron dar más información por seguridad de las familias.
DIFERENTES CASOS, MISMAS IRREGULARIDADES
Las defensoras Karina Bolaños y Elsa Arista explicaron que el primer obstáculo al que se enfrentaron las y los familiares de las menores fue a la falta de atención, asesoramiento e incluso intimidación por partes de las autoridades al momento de levantar una denuncia. Aseguraron que si las y los denunciantes no son acompañados por organizaciones o alguien “importante” que los respalde las autoridades no realizan más acciones que imprimir boletines por el delito de desaparición.
Asimismo, comentaron, desde un inicio las autoridades no activaron o aplicaron los mecanismos y protocolos diseñados para hacer frente a la violencia de género, a pesar de la existencia de la Alerta de Violencia de Género (AVG) que los obliga a adoptar medidas urgentes, como la implementación de la “Alerta Amber” y el “Protocolo Alba” para impulsar la búsqueda de mujeres desaparecidas, en menos de 24 horas.
Las autoridades, añadieron, se quedan sólo en la gestión documental: expedir un boletín, y olvidan el aspecto central de una desaparición que es encontrar a la persona a la brevedad y con vida.
Cabe mencionar que la AVG es un instrumento de emergencia para salvar la vida de las mujeres y niñas mexicanas que en 2015 se activó en Neza y otros municipios mexiquenses como Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, entre otros. La activación de la Alerta fue resultado de la situación de violencia género hacia las mujeres.
De acuerdo con el informe del Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, en 2017, el municipio de Nezahualcóyotl se encontró en los primeros lugares entre los municipios, ya mencionados, con más casos de feminicidio en el país.
La Asamblea Vecina de Neza recordó que al no aplicar este mecanismo de orden internacional ni mucho menos otros enfocados en proteger de forma integral a las niñas y mujeres en los ámbitos familiar, social, psicoemocional y jurídico, las autoridades incurren en diversas irregularidades.
Es por ello que hoy en día un MP no inicia una carpeta de investigación de manera inmediata, integra averiguaciones conformadas sólo en girar oficios, comete demoras de hasta más de 5 días tras la desaparición de una persona con el pretexto de reunir pruebas y evita interrogar a testigos o acudir al lugar de los hechos.
Por ello, explicaron, la AVG junto con el “Sistema Municipal de protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes” y el “Plan de Acción Integral para Construir una Ciudad Segura para las Mujeres y las Niñas”, implementados en 2016 por el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa García “sólo son letra muerta para tratar de ocultar mediáticamente una terrible realidad que sigue sucediendo cada día”.
Añadieron que al día reciben en su página de internet de 2 a 3 casos de desaparición de personas entre los 11 y 17 años de edad, los cuales no sólo se limitan al municipio de Neza.
Asimismo, expusieron que esta falta de conocimiento de las autoridades sobre qué es el mecanismo de AVG y lo que éste les exige llevar a cabo, trae consigo la no aplicación de la perspectiva de género en las investigaciones de los dos casos y los padres de las niñas se han visto obligados a realizar el trabajo de las autoridades. “Los papás hacen la investigación por su cuenta y tienen que estar aguantando sus emociones porque no reciben apoyo psicosocial", reprochó la integrante de la Asamblea Vecinal, Karina Bolaños.
De acuerdo con datos oficiales de la Procuraduría local, desde que se decretó la AVG hasta junio de 2017, el Edomex ha registrado 87 casos de feminicidio y 412 homicidios de mujeres. Con estas cifras este estado concentra 17 por ciento de todos los asesinatos de género cometidos a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En su página oficial, el gobierno estatal reporta que la AVG ya cuenta con protocolos de búsqueda en mujeres, con los cuales ha incrementado el patrullaje, recuperado espacios públicos a través de alumbrado público y murales, otorgó medidas de protección a las víctimas e hizo difusión a la sociedad civil sobre qué es la Alerta.
No obstante, varios de los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas, incluido los casos de Karina y Estrella han dejado al descubierto el poco interés, conocimiento y capacitación de las autoridades encargadas de hacer funcionar este mecanismo.
Es por ello que las y los ciudadanos han optado por iniciar estrategias de prevención de la violencia en su comunidad, un ejemplo de ello es la organización civil Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, la cual inició actividades en junio de 2017 como respuesta ante la creciente ola de violencia contra niñas y mujeres “que entre sus más graves formas se ha manifestado en altos índices de secuestros, violaciones y asesinatos”, dijeron las integrantes.
Esta organización, especificaron las también activistas, ha realizado hasta el ahora el trabajo que le corresponde a las autoridades del municipio como: investigar las cosas de la violencia, registrar los casos, dar seguimiento a las investigaciones, dar acompañamiento a las familias e incluso se han manifestado con el fin de agilizar los procesos o evitar irregularidades en la detención de los agresores.
Las integrantes reiteraron como una de sus exigencias a las autoridades del Edomex a destitución del MP de Héctor de Nova Cruz y sancionarlo por desatender todo el marco legal; capacitar al personal en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género; cumplir con los protocolos y mecanismo que exige la AVG y atender el principio del interés superior de la niñez.
"Si él (Héctor Nova Cruz) no es capaz de hacer su trabajo con dignidad, que se vaya. Nosotros exigimos que exista en el Ministerio Público personas capacitadas para atender a los familiares de forma integral”, expresaron las activistas. (Aline Espinosa Gutierrez)