Estado mexicano a evaluación por tortura sexual contra mujeres

Organizaciones de la sociedad civil pidieron garantizar justicia a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual, liberar a aquellas que siguen encarceladas porque fueron torturadas para inculparse, y garantizar el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

Estas fueron las recomendaciones realizadas por más de 120 agrupaciones que integraron el informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México, un insumo que fue enviado al Comité Contra la Tortura de la ONU, organismo que este 25 y 26 de abril en Ginebra, Suiza, evaluará la situación de esta práctica en el país.

Según el informe, de las 8 mil 335 investigaciones de tortura, la oficina de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura informó que en 2018 había presentado cargos en apenas 17 casos y que 41 por ciento de los casos de mujeres encarceladas, que fueron arrestadas por la Marina, también fueron torturadas.

En el documento las agrupaciones llamaron al Comité a recomendar al Estado mexicano cumplir las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, del Relator Especial sobre la Tortura, de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer y del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer.

También propusieron que México cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada en diciembre de 2018 sobre el caso de once mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, en particular garantizando el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres.

Otra resolución que citaron y que pidieron se le dé puntual seguimiento fue la referente a los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas sobrevivientes de tortura sexual. En estos caos solicitaron se garanticen sentencias firmes en contra de los militares responsables.

También se pronunciaron por liberar a aquellas mujeres privadas de su libertad por inculparse bajo tortura, como Taylín Clotet Wang, quien fue detenida por la Policía Federal, que entró a su casa la madrugada del 7 de febrero de 2014. En su detención, fue desnudada, torturada sexualmente y golpeada a pesar de su embarazo. Ella es acusada de delincuencia organizada y secuestro.

De acuerdo con las organizaciones, la Relatoría contra la Tortura y el Comité de Expertas de CEDAW han expresado su preocupación por la tortura contra las mujeres. De 2006 a 2016, en 72 por ciento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violación a la integridad personal en casos de mujeres víctimas, los hechos incluyeron actos de índole sexual.

En 2016, Amnistía Internacional analizó los casos de 100 mujeres detenidas en 19 entidades federativas; de ellas 72 informaron haber sufrido violencia sexual en el momento del arresto o en las horas siguientes y 33 denunciaron haber sido violadas.

A partir de la documentación de la sociedad civil y otros actores, se desprende que la tortura sexual a mujeres incluye la violación; la amenaza de cometer dicho acto; los tocamientos y/o descargas eléctricas en pechos, glúteos y/o genitales; y obligar a la víctima a realizar actos sexuales.

La tortura sexual viene acompañada de la reproducción de estereotipos y roles de género, abusos verbales referentes a la sexualidad de las mujeres (por ejemplo, refiriendo que las víctimas son “putas” o “rejegas”, o que “les gusta” la tortura sexual) y el uso de la tortura a mujeres para humillar o incidir en la voluntad de los hombres que las acompañan (por ejemplo, obligarlos a firmar confesiones).

En un informe publicado en noviembre 2018, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez documentó 29 casos de mujeres denunciantes de tortura sexual (la mayoría detenidas entre 2012 y 2015), de las cuales 16 sufrieron violación sexual; en 12 de estos casos, más de un perpetrador intervino.

Cada cuatro años el Estado mexicano expone la situación que guarda el tema de la tortura ante el Comité contra la Tortura de la ONU, un órgano de expertos independientes que supervisa de manera oficial la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.