Ciudad de México.- Tras la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), eliminado por medio de un decreto presidencial publicado el 31 de diciembre de 2021, no se sabe cómo operará el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya función era vigilar el actuar de 43 mil 691 agrupaciones civiles, registradas hasta diciembre de 2021, que pueden recibir recursos públicos.
La coordinadora de Incidencia de la organización Alternativas y Capacidades, Dominque Amezcua Juárez, expuso en entrevista que al desaparecer el Indesol y convertirlo en la Dirección General de Bienestar y la Cohesión Social, de la Secretaría de Bienestar, no se sabe cómo se vigilará a las organizaciones que participan en los programas sociales federales.
Una de las funciones del Indesol, creado en 1992 como Instituto Nacional de Solidaridad y nombrado Indesol en 1994, era fungir como secretaría técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y ser responsable de la operación del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
El organismo desconcentrado también tenía la facultad de otorgar una Clave Única de Inscripción (Cluni) a las organizaciones que desearan participar en los programas sociales federales y acceder a apoyos presupuestales, como lo señala la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, vigente desde 2004, y su Reglamento.
A través de la Comisión de Fomento y del Registro Federal, el Indesol vigilaba que las organizaciones estuvieran legalmente constituidas, no realizaran actividades lucrativas ni proselitismo partidista, electoral o religioso, acreditaran estar en el Registro Federal de Contribuyentes y que realizaran alguna de las actividades sociales enumeradas en la ley.
Durante 17 años, de 2004 a septiembre de 2021, 43 mil 524 organizaciones, fundaciones o instituciones de asistencia o beneficencia se inscribieron en este Registro Federal, el cual también concentra información sobre sus actividades porque las organizaciones con financiamiento público deben presentar un informe anual. A su vez la administración pública federal presenta otro informe sobre las acciones que realiza en beneficio de la sociedad civil.
El decreto del 31 de diciembre indica que las funciones de Indesol pasarán a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, lo que a decir de Dominique Amezcua, se contrapone con la ley aún vigente que en su artículo 10 establece que la Comisión de Fomento se conforma por un representante, con rango de subsecretario u homólogo. Sin embargo, advirtió que una Dirección General no contaría con una persona de este rango.
Tres días después de la publicación del decreto, la encargada de la recién creada Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, Luz Beatriz Rosales Esteva, emitió un comunicado donde informó que, a pesar de los cambios anunciados el 31 de diciembre, en enero las organizaciones de la sociedad civil deben entregar el informe donde detallan las actividades realizadas con recursos públicos durante 2021, los cuales por ley deben ser en beneficio de la población.
Ruptura entre gobierno y sociedad civil
Dominique Amezcua Jiménez explicó que para “Alternativas y Capacidades”, una organización que desde hace 17 años trabaja en el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, la ruptura entre el gobierno y las agrupaciones civiles se comenzó a ver desde el inicio de este sexenio, en 2018, y la desaparición de Indesol sólo es el fin de una crónica anunciada.
La experta en Estudios de Género señaló que el Indesol se creó para establecer una relación democrática y menos clientelar entre el gobierno y las agrupaciones civiles, pero desde el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) esta institución comenzó a enfrentar un debilitamiento presupuestal, aunque fue con el presidente Andrés Manuel López Obrador que su eliminación se concretó.
El ataque frontal a las organizaciones no gubernamentales comenzó el 14 de febrero de 2019, cuando el presidente de la República publicó la “Circular número uno”, un documento donde instruyó a toda la administración pública federal a no asignar presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o movimiento ciudadano. La finalidad era “terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”.
“De esta manera, obviamente, Indesol empieza a quedar más como una especie de cascarón, ya había el proceso de desmantelamiento. Ha sido lento, pero consistente”, expuso Amezcua.
Por ejemplo, en 2019 desapareció el Programa de Coinversión Social, por medio del cual el Gobierno federal financiaba proyectos sociales dirigidos a apoyar a la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, discapacidad, desigualdad por género o vulnerabilidad, y los recursos aprobados para ese año (136 millones de pesos) se entregaron a comunidades indígenas y sin “intermediarios”.
Con base en el análisis de los reportes anuales del Anexo de la Cuenta Pública, desarrollado por Fondos a la Vista, un observatorio de Alternativas y Capacidades, los apoyos que el gobierno da a las organizaciones han ido a la baja de 2005 a 2019. En 2006 casi 4 de cada 10 organizaciones (38.1 por ciento) inscritas en el Registro Federal y con Cluni, recibieron recursos públicos para realizar sus actividades, pero en 2019 sólo 0.3 de cada 10 (0.3 por ciento) recibieron algún apoyo.
A la par de la campaña de desprestigio contra colectivos y personas defensoras de Derechos Humanos, el presidente López Obrador también ha impuesto más candados fiscales a estas agrupaciones. Por ejemplo, el año pasado promovió una reforma ante el Congreso para modificar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para reducir las deducciones personales por donativos a organizaciones civiles, lo que afectará los ingresos de 5 mil 73 agrupaciones de todo el país que reciben donativos de personas físicas.
Finalmente, la acción más reciente en contra de la sociedad civil es que en noviembre trascendió que la Secretaría de Gobernación presentará ante la Cámara de Diputado un proyecto para abrogar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, vigente desde hace 17 años, la cual regula la relación entre gobierno y agrupaciones no gubernamentales.
Amezcua Jiménez explicó que la postura de este gobierno es adjudicarse la exclusividad de realizar acciones de desarrollo social y negar la realidad: que hay rincones del país donde el Estado tarda en llegar o no logra llegar, lugares donde las organizaciones atienden de manera inmediata las emergencias, ofrecen ayuda o atienden problemas específicos como la violencia contra las mujeres.