No se encontró una mala actuación en los protocolos, ya que derivado de las investigaciones que se realizaron, se identificó que estas personas sí notificaron de los primeros incidentes.
De acuerdo con la Ley de Obra Pública, a la empresa constructora se le podría inhabilitar por cinco años en el padrón de contratistas y se le podría aplicar una multa de hasta 100 mil pesos.
“Ya acabamos las investigaciones, creemos que ya llegamos al fin de las mismas y estamos en la etapa de valoración, es decir, en próximos días, quizá la siguiente semana estaríamos en la aptitud de decirles cuál es el resultado de las mismas”.