Este lunes 28 de marzo, por fin se hizo justicia en el caso de Alejandra Cuevas Morán. Pese a presiones diversas, la Suprema Corte de Justicia hizo algo de honor a su nombre. La liberación de Alejandra Cuevas ese mismo día, permitirá que, tras 528 días de angustia, la señora Laura Morán y sus nietos empiecen a sanar las heridas y el trauma de la injusticia, la separación impuesta.
Alejandra Cuevas podrá tal vez empezar a procesar el dolor del encierro y la incertidumbre, aunque, como ella misma declaró ese día, pueda sentirse vulnerable y necesitada de protección del Estado ante el propio fiscal.
Con el amparo liso y llano y la libertad de Alejandra, las y los ministros garantizaron que ella y su madre, acusadas de un delito inexistente, puedan vivir en libertad, sin ser perseguidas por un sistema que debería haberles garantizado sus derechos y protegido de arbitrariedades.
No se ha hecho justicia por completo pues la justicia plena implica reparación del daño y garantías de no repetición, no sólo en este caso sino en todos. Al dejar en el aire la obligación de sancionar a quienes han sido cómplices de venganzas personales y han servido al poder y no a la justicia, o se han servido del poder en vez de garantizar los derechos de todas las personas, la SCJN se quedó corta, dejó a medias la tarea de la justicia, lo que debilita su autoridad moral en la medida en que, como en otros casos, deja a la “voluntad” de otras instancias la opción de destituir al fiscal general y sus acólitos, a la fiscal capitalina y sus cómplices.
Dejar sin sanción a quienes abusan de su poder, directo o delegado, implica contribuir a la impunidad que corroe al aparato encargado de aplicar la ley, impide construir un Estado de Derecho.
Los trabajos de la Justicia deben romper la cadena de abuso y arbitrariedad no sólo para quienes pueden hacerse escuchar en redes y medios sino también para quienes alzan la voz sin eco social y permanecen en la cárcel injustamente o buscan en vano la justicia.
El caso paradigmático de Alejandra Cuevas, por la extremada evidencia del abuso de la ley y de las instituciones, debería impulsar una revisión general de otros casos de mujeres encarceladas por delitos “construidos”, o por falsa atribución de conductas ilícitas, cometidas por sus parejas u otros hombres, coludidos con fuerzas policiacas corruptas; o por afán de venganza de funcionarios abusivos.
Tales son los casos de mujeres encarceladas por “homicidio agravado en razón de parentesco”, utilizado para castigar el aborto, incluso espontáneo, delito que no se incluye en la ley de amnistía.
Son también los casos de mujeres que se han autoinculpado por “amor” o cuya pareja o familiar las ha entregado a la policía para salvar su pellejo, o que han sido “vendidas” o “intercambiadas” a la policía por criminales que así “negocian” su libertad, como ha denunciado la antropóloga Aída Hernández, quien también ha documentado la aberración judicial contra María Luisa Villanueva, encerrada durante 24 años sin haber cometido delito alguno (véase La Jornada, 14 de febrero 2022).
O sometidas a improcedente prisión preventiva como Yolli García en Veracruz. O mujeres denunciantes convertidas en víctimas de acusaciones falsas de sus parejas y otros agresores denunciados que, por ejemplo, pretenden revertir una demanda de abuso sexual contra menores de edad en juicio contra la madre por “alienación parental” o pagan para entramparlas en juicios que se eternizan a base de corruptelas.
A ellas se añaden mujeres indígenas, condenadas sin acceso a traducción, que representan el eslabón más débil de la cadena de narcotráfico.
Miles de hombres son también víctimas del punitivismo y de la desidia y corrupción que los dejan encarcelados sin sentencia y, en contraste, dejan libres a criminales confesos.
Para que haya justicia en México, tendría que destituirse al fiscal general y a la fiscal de la Ciudad de México. Tendría con urgencia que revisarse la actuación de ésta ante el alza de feminicidios y violaciones.
Alguien tendría que rendir cuentas por la incapacidad de resolver en casi 4 años la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, por no mencionar casos menos conocidos, o las desapariciones intermitentes, de menores de edad sobre todo, que muchas veces ni se investigan. Tendrían que rendir cuentas también las “autoridades” judiciales del Estado de México que, pese al “histórico” fallo de la SCJN en 2015, no han culminado el proceso contra el asesino de Mariana Lima Buendía. ¿No debería la Corte preguntarse de qué sirve una “sentencia paradigmática” si el trabajo básico de la justicia no se hace?
¿De qué se ufanan las máximas autoridades si la reforma del sistema no elimina el influyentismo ni la corrupción y si siguen estancados procesos contra padres acusados de abuso sexual infantil o, como en Morelos, una jueza permite que un padre violento pretenda arrancarle sus hijas a una madre que tiene la custodia? ¿Qué justicia podemos esperar de un sistema que mantiene en el poder a funcionarios acusados por la propia SCJN de actos que violan la Constitución?
Mucho queda pendiente para que algún día “la justicia se siente entre nosotros”.