La legisladora de Morena recordó que, tras esos hechos, en 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que establecía el plazo de un año para que las entidades federativas expidieran sus respectivas normas en la materia o adecuaran las existentes.
La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado dijo no obstante que eso no pasó, por lo que promueve un punto de acuerdo que es analizado para que los Congresos armonicen su legislación de acuerdo con dicha ley, a fin de prevenir que se repita un hecho como el ocurrido hace una década en Hermosillo, Sonora.
"Hemos escuchado que los diferentes niveles de gobierno han anunciado acciones para evaluar las condiciones de las instalaciones que albergan a niñas y niños; sin embargo, debemos exigir que dichas acciones sean reales, permanentes y exhaustivas para que de ahí se derive un plan de acción integral", sostuvo.
Ello, abundó, para tener la certeza de que los menores no se encuentren expuestos a ningún tipo de riesgo en las instituciones a las que madres y padres de familia confían su cuidado.
Salgado García expuso que este plan de acción debe incluir inversión en la rehabilitación física de los espacios, capacitación de las personas responsables de los mismos y clarificación de las responsabilidades de todas las partes involucradas, entre otros aspectos.
"Tenemos el deber de desarrollar un papel no sólo activo, sino constructivo, ante los hechos ocurridos, pretendiendo no dejarlo en el pasado, sino tomarlo como base para la edificación de respuestas responsables", concluyó.