Ciudad de México, 12 de diciembre de 2025. —La Comisión Nacional del Agua concentró la facultad exclusiva para administrar concesiones y permisos del recurso hídrico en México tras la entrada en vigor de la Ley General de Aguas, que elimina el mercado informal de títulos y centraliza la información en un registro nacional único que sustituye al sistema vigente desde 1992.
La reforma, publicada el jueves en el Diario Oficial de la Federación, prohíbe que actores privados negocien derechos de agua sin autorización gubernamental y reconoce el acceso al líquido como derecho humano constitucional, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El Registro Nacional del Agua reemplaza al Registro Público de Derechos de Agua con el propósito de verificar la legalidad del uso del recurso, concentrar datos sobre volúmenes disponibles y detectar casos de acaparamiento o sobreexplotación en las 13 regiones hidrológicas del país.
Conagua revisará las concesiones vigentes para confirmar usos, volúmenes y condiciones, además de publicar guías para orientar a ciudadanos, productores y empresas sobre los nuevos requisitos de regularización, detalló Efraín Morales, director general del organismo.
La legislación establece que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable ni los servicios de saneamiento por falta de pago.
Cabe destacar que esta disposición obliga a garantizar la cantidad mínima para consumo humano básico en todos los casos, lo que representa un cambio fundamental respecto a la normativa anterior que permitía cortes totales del servicio.
Las concesiones que dejen de utilizarse o que se apliquen para fines distintos a los autorizados deberán regresar al Estado. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen el 3 de diciembre con 328 votos a favor y el Senado lo avaló dos días después, mientras que las entidades federativas tienen 180 días para armonizar sus leyes estatales con la reforma federal que modifica la Ley de Aguas Nacionales.
Productores agrícolas bloquearon la garita comercial de Mexicali y carreteras en Zacatecas, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes durante la discusión legislativa.
El gobierno de Baja California negoció una compensación económica a cambio del retiro de las protestas y el compromiso de suspender movilizaciones durante la implementación de la nueva normativa, precisó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
