Querétaro, 16 de junio de 2025.- La diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, presentó un minucioso análisis jurídico del decreto enviado por el Ejecutivo estatal para autorizar —bajo esquema de Asociación Público-Privada (APP)— el proyecto de regeneración y potabilización denominado Sistema Batán, con capacidad de hasta 1 800 L/s de agua potable para la zona metropolitana de Querétaro.
Según la legisladora, el decreto funciona como un “cheque en blanco” a favor de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), pues no especifica los términos de licitación ni las cláusulas del contrato de APP que pretendan aprobar.
De aprobarse sin precisión, advirtió, se deja en incertidumbre el patrimonio de los queretanos ante un financiamiento de 41 400 millones de pesos que podría actualizarse discrecionalmente.
Además, Díaz Gayou señaló que el decreto permite autorizar cualquier sistema de “hasta” 1 800 L/s, cuando lo correcto sería exigir una capacidad mínima de ese volumen; y contempla firmar el contrato antes de evaluar la capacidad de pago de la CEA, cuando la Ley exige que la Legislatura realice ese análisis previo a autorizar obligaciones de largo plazo.
Otro punto crítico es la fuente de pago: el documento deja abierta la posibilidad de afectar todos los ingresos de la CEA de forma irrevocable, en vez de limitarse a los recursos generados por el propio proyecto.
Para garantizar el flujo, plantea la constitución de al menos dos fideicomisos —uno para la inversión y otro para el cobro— donde el desarrollador cobraría antes que la CEA, y faculta al Ejecutivo a avalar con participaciones federales presentes y futuras.
Finalmente, el estudio técnico alerta que el costo energético anual del Sistema Batán rondaría los 543 millones de pesos, compromiso que la CEA asumiría íntegramente.
Con ello, la diputada concluye que el decreto otorga facultades legislativas a la CEA para añadir condiciones no previstas, invadiendo competencias de esta Legislatura y comprometiendo la sostenibilidad financiera del organismo.









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