San Juan del Río, 10 de agosto de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro interviene en los operativos contra tomas clandestinas únicamente cuando Pemex Seguridad lo solicita, con la función de evaluar si existe riesgo para la población que habita cerca de las zonas donde se detectan las perforaciones ilegales en ductos de hidrocarburos, precisó Javier Amaya Torres, titular de la dependencia.
De acuerdo con Amaya Torres, el municipio de Pedro Escobedo concentra el mayor número de reportes atendidos por la Coordinación en ese rubro, en colaboración con Pemex.
El dato coincide con el panorama estatal. En el primer trimestre de 2026, Querétaro registró 156 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos, ubicándose en el sexto lugar nacional, con San Juan del Río como el municipio de mayor incidencia con 60 casos, seguido de Corregidora con 46 y Pedro Escobedo con 41, de acuerdo con datos de Pemex.
La cifra representa una reducción respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 206 perforaciones en la entidad en los primeros tres meses del año.
En el acumulado de 2025, Querétaro contabilizó 660 tomas clandestinas, manteniéndose por segundo año consecutivo entre las entidades con mayor incidencia del país, de acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal.
Durante 2025, a nivel municipal, San Juan del Río encabezó la lista con 267 tomas clandestinas, seguido de Pedro Escobedo con 254 y Corregidora con 101. El corredor entre ambos municipios ha sido escenario de operativos recurrentes: la 17ª Zona Militar confirmó que el paso de ductos de Pemex por esa zona explica la alta concentración de perforaciones. En octubre de 2025, la FGR y la Guardia Nacional intensificaron operativos contra el huachicol en ese mismo corredor, con aseguramiento de autotanques y tractocamiones con combustible ilegal.
Pemex ha advertido que cada toma clandestina activa implica, además del robo de combustible, el cierre temporal de ductos, trabajos de reparación, riesgo de derrame y posibilidad de explosiones que pueden afectar a las comunidades cercanas — precisamente el riesgo que la Coordinación Estatal de Protección Civil evalúa en cada activación.
