En sesión extraordinaria el Pleno determinó que 623 millones de pesos serán reducidos a la cartera de proyectos institucionales del INE, de los cuales 92 por ciento se concentran en cinco unidades responsables de tareas directas del proceso electoral, explicó el consejero Ciro Murayama.
El también presidente de la Comisión de Presupuesto, al desglosar los ajustes, expuso que en lo relacionado con el proceso electoral en curso la Dirección Ejecutiva de organización eliminó la adquisición de 471 mil bases portaurna.
Además 159 mil cajas contenedoras de material electoral y disminuyó tres marcadores de boletas para pasar de 10 a siete por casilla, lo que representa un ahorro neto de 74.6 millones de pesos.
Adicionalmente, explicó, se redujo el periodo de contratación de técnicos y capturistas en juntas locales para tener un ahorro de 33 millones de pesos.
También disminuyó en 28.6 millones el fondo emergente para atender situaciones extraordinarias durante la jornada electoral del recurso que se le da a las Juntas Distritales y se redujo mobiliario, gasto en papelería y alimentación para las sesiones de los consejos distritales por 23 millones de pesos.
Asimismo se determinó disminuir recursos por la impresión ya no en papel seguridad de las listas nominales y de los sobres-voto que se enviarán a los votantes en el extranjero.
Por su parte el consejero presidente Lorenzo Córdova detalló que envió oficios a las cámaras de Diputados y Senadores en los cuales señala que podrán reducirse hasta 55.7 millones de pesos a las oficinas de los representantes de los partidos políticos ante el máximo órgano de dirección.
Los representantes de los partidos políticos, la mayoría que no estuvieron presentes en la sesión, anunciaron en conferencia de prensa que impugnarán ante tribunales el ajuste pues implicaría afectar sus derechos constitucionales.
La ausencia de los representantes de los partidos y del Legislativo ante el Consejo General del INE provocó incluso que la sesión que iniciaría a las 10:00 se difiriera a las 10:45 horas, sólo con la presencia de los consejeros y tres representantes de los partidos quienes no participaron en toda la sesión.
Los representantes de Encuentro Social ante el Consejo General del INE, Berlín Rodríguez, y del Partido del Trabajo (PT), Silvano Garay, así como el consejero del Poder Legislativo, Isidro Pedraza, consideraron injustificable el ajuste.
Pedraza leyó una carta firmada por representantes también del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena en la que afirmaron que el recorte afectaría la situación laboral de trabajadores del INE a su servicio.
A su juicio los recortes al presupuesto del organismo electoral, derivados del ajuste a la baja que hizo la Cámara de Diputados, se podrían hacer a otras áreas como los gastos de gasolina o comidas de los consejeros.
De esta manera el INE ejercerá un presupuesto de 17 mil 426 millones 427 mil 970 pesos para 2018 y seis mil 788 millones 900 mil para financiamiento de los partidos políticos.
El presupuesto solicitado por el INE era de 18 mil 226 millones de pesos y el ajuste, afirmó Córdova, es el más grande que haya sufrido la autoridad electoral en años de comicios.
Sin embargo, el presidente consejero del INE aclaró que el cambio no afectará la posibilidad de que 85 millones de mexicanos puedan ejercer su derecho al sufragio el 1 de julio de 2018.
Dijo que los ajustes que realizará el Instituto se llevaron bajo una premisa: “defender la autonomía del INE” y adelantó que no planea solicitar ni un solo peso adicional para su operación al monto aprobado por la Cámara de Diputados en el Decreto de Egresos de 2018.
El consejero Ciro Murayama agregó que para hacer frente al próximo proceso electoral se planeó ejercer 35 centavos de cada 100 pesos del presupuesto federal en 2018, una cifra similar a lo que se tuvo en la organización de los comicios de 2000, 2006 y 2012, pese a que el INE multiplicó sus atribuciones.
Precisó que como parte de los ajustes se realizó un rediseño a los materiales de capacitación electoral con un ahorro de 32 millones, así como los gastos de materiales impresos para realizar acciones territoriales de impulso a la participación ciudadana con ahorro de 17.7 millones de pesos.
También se decidió posponer para 2019 la evaluación de la estrategia de capacitación ciudadana y asistencia electoral, ahorrando 10.8 millones de pesos.
Entre otros aspectos, en la Unidad Técnica de Fiscalización se está reduciendo el número de vehículos a arrendar para visitas de verificación y eso permite disminuir en 19.5 millones de pesos, dijo.
Además, indicó, está un ajuste de 10 millones de pesos en lo programado para interventores en caso de partidos que no alcancen el tres por ciento de la votación.