Morelos, 14 de octubre de 2026.— La Fiscalía General del Estado de Morelos defendió la liberación de José David N, conocido como El Güero Gym, después de que tres integrantes de la Fiscalía Regional Oriente fueran privados de la libertad en Totolapan. Las autoridades sostuvieron que la decisión respondió a la necesidad de proteger la vida de los servidores públicos y evitar una escalada de violencia.
Detención y reacción violenta
José David N, señalado por las autoridades como presunto integrante o dirigente del grupo denominado Pueblos Unidos, había sido detenido por posesión de drogas. Tras su captura se registraron bloqueos, incendios de patrullas y episodios de violencia en distintas localidades, mientras los tres agentes permanecían retenidos.
La explicación de la Fiscalía
El fiscal estatal, Fernando Blumenkron, respaldó la decisión de dejar en libertad al detenido y rechazó que el episodio pueda resumirse como una capitulación de las instituciones ante grupos criminales. De acuerdo con la explicación oficial, se activaron mecanismos de atención a víctimas de secuestro y se privilegió la recuperación de los agentes con vida.
Tres agentes recuperados
Los tres integrantes de la Fiscalía fueron liberados. Según la información difundida, uno presentaba una herida de bala y los otros tenían lesiones. Las autoridades no detallaron públicamente todos los aspectos operativos de la negociación o intervención, por lo que no es posible establecer más circunstancias de las que han sido confirmadas.
Investigación sigue abierta
La Fiscalía informó que mantiene indagatorias por secuestro agravado contra al menos diez personas, incluido José David N. La liberación no implica una declaración de inocencia ni el cierre de las investigaciones. Al tratarse de señalamientos penales, las personas investigadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia.
Debate por la actuación institucional
El caso generó cuestionamientos sobre los límites de la respuesta del Estado ante la retención de servidores públicos y los riesgos para la población durante los disturbios. Las autoridades federales respaldaron la prioridad de preservar vidas. Queda pendiente conocer el avance de las investigaciones y las responsabilidades que determinen los tribunales.
