Santo Domingo, julio (SEMlac).- La Cámara de Diputados de la República Dominicana, tras modificar la agenda de sesiones en unos 25 puntos no previstos, aprobó en dos lecturas consecutivas la propuesta del legislador por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor Ito Bisonó, de eliminar un párrafo del artículo 110 del proyecto, el cual penaliza a los médicos que practiquen abortos en el país.
Bisonó propuso que dicho párrafo, cuyo enunciado motivó que el proyecto fuera observado por el presidente Danilo Medina en noviembre de 2014, se deje para una ley especial, y plantea que el aborto se castigará con penas de dos a tres años; se incluye a la mujer que lo cause o a una persona que le ayude. Además, para el médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que ayuden a causar el aborto, la pena sería de cuatro a 10 años.
"Lo que hicimos fue retroceder", expresó la diputada Minou Tavárez Mirabal en el programa Enfoque Matinal, este miércoles 20, y señaló que el tema fue abordado antes de las elecciones y desde entonces se detuvo, "por miedo a perder votos", pero ahora -añadió-se vota con urgencia.
"Hay que tener en cuenta que este es el Congreso del presidente Danilo Medina y sin duda alguna se trata de una decisión suya, tal y como lo aseguró el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio Báez. Parece ser que tras la reunión con los obispos, Medina asumió ese compromiso", afirmó.
Se recuerda que a finales de noviembre de 2014, sectores que defienden los derechos de las mujeres, junto a gremios médicos, solicitaron al presidente Medina, que observara la ley, mientras que otros grupos, entre los que figuran las iglesias, pidieron que la promulgara tal y como había sido aprobada por el Congreso Nacional en ese momento.
Danilo Medina observó y devolvió al Congreso Nacional la ley del Código Penal Dominicano, y pidió despenalizar la interrupción del embarazo en tres circunstancias: "Cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida".
La misiva ampliaba: "En el caso de la interrupción del embarazo como figura penal, esa ausencia de precisión es palpable ya que no se indica en su contenido aquellas situaciones excepcionales que ponen en juego derechos fundamentales de mujeres embarazadas como lo constituyen el derecho a la vida y la salud, el derecho de su integridad humana, psíquica y moral, constituirían auténticas situaciones eximentes de responsabilidad penal".
También declaró el mandatario que "sería equiparar la legislación nacional con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar, y sólo en los tres supuestos antes mencionados".
¿Y ahora?
El párrafo propuesto por sugerencia del legislador Bisonó puntualiza que "la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial".
Para Tavárez Mirabal lo que el Congreso hace es "despojarse de su decisión de legislar y dejar en manos de jueces y médicos algo tan sensible, que afecta sobre todo a las mujeres de menos recursos".
La también presidenta del Partido Opción Democrática argumenta que aunque las mujeres han pedido que el aborto se integre al Código de Salud, esto no ha sido así. "La redacción ahora queda muy confusa y, al final, no son las hijas o esposas de los diputados quienes tendrán que enfrentar situaciones tales, sino las mujeres más pobres del país", subraya.
Las iglesias dominicanas, en especial la católica, han reclamado interferir el curso de todo cuanto tenga que ver con la despenalización del aborto y, en tal sentido, acudieron al Congreso Nacional y entregaron su sugerencia al bloque de diputados del PRSC.
Reacciones
Según la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, de la Cámara Baja, doctora Magda Rodríguez, "esta no es la ley perfecta; pero, es la ley posible". Expuso que "el resto de la sociedad dominicana, en corto plazo, ordenará la elaboración de una nueva ley especial que tratará la interrupción del embarazo".
En tanto, el vocero de los diputados del PRSC, Ramón Rogelio Genao, dijo que si se desea tener un nuevo código avanzado, debe apoyarse la iniciativa de Bisonó.
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, negó que la pieza fuera aprobada "al vapor" y alegó que la Cámara lo puso en agenda porque tenía plazos fijos y la comisión ya lo estaba trabajando: "Hemos hecho un código adecuado a los tiempos vanguardistas que cambia el que tenía más de 130 años de vigencia; así que el que critica este nuevo instrumento es porque no lo ha leído", objetó ante periodistas reunidos en el Palacio Presidencial este miércoles 20.
Martínez Durán negó que se favoreciera a la Iglesia con este punto: "Debe aclararse que en la pieza aprobada el martes 19 está establecido que los médicos deben hacer todo el esfuerzo para salvar ambas vidas y la ciencia médica determinará lo que haya que hacer, sin que se ponga en riesgo a la madre, al bebé o a ambos", apuntó.
Representantes del Foro Feminista manifestaron de inmediato su indignación y sorpresa ante la sanción del proyecto, y lo consideraron una "derrota del Presidente de la República". Advirtieron que exigirán respetar la vida de las dominicanas ante el peligro que corren por un embarazo de alto riesgo, y llevarán sus denuncias al plano internacional si es preciso.
La destacada activista Sergia Galván calificó de "un duro golpe a los derechos de las mujeres esta decisión, y recordó que la penalización no previene los abortos, todo lo contrario".
Ahora corresponde al Senado legislar la pieza; Minou Tavarez Mirabal no se muestra optimista: "Aunque el presidente Danilo Medina podría observar estos cambios, como la decisión ha sido suya, no creo que cambie nada", concluyó.
Mujeres y hombres sensibilizados con el tema opinan que resulta insoslayable interpretar que el Poder Ejecutivo y muchos legisladores han cedido ante las presiones de las iglesias, quienes debían pensar que por cada 100.000 nacidos vivos, 150 mujeres mueren en República Dominicana, cifra que coloca al país en el cuarto lugar con mayor tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe, el 20 por ciento de ellas son adolescentes con embarazos indeseados, resultado de violaciones en muchos casos, que no han podido interrumpir, porque las leyes lo prohíben. Por: Mercedes Alonso
