La palabra de un político puede ser tan falsa como una moneda de tres pesos. Promesas grandilocuentes y compromisos espectaculares suelen ser moneda corriente en San Juan del Río, especialmente entre aquellos ansiosos por obtener el poder. Sin embargo, la realidad es que muchas de esas promesas se desvanecen tan rápido como fueron pronunciadas.
Algunos candidatos emplean su palabra como un anzuelo para atraer votos, pero una vez en el poder, cumplir con lo prometido se convierte en un desafío que pocos están dispuestos a enfrentar. Esto es particularmente evidente cuando su único objetivo es llegar al poder, sin importar los medios.
Ahora, con las elecciones detrás de nosotros, es momento de observar de cerca el desempeño de aquellos que prometieron un cambio. En Querétaro, los candidatos electos para el periodo 2024-2027 tienen la oportunidad de demostrar si sus promesas fueron genuinas o simples estrategias electorales.
Tomemos el caso del diputado electo por el X distrito, representando a MORENA, Edgar Inzunza Ballesteros. Durante su campaña, se comprometió a apoyar el deporte, mantener cercanía con la gente y gestionar obras y recursos para mejorar la seguridad en San Juan del Río, el municipio que ahora tiene la responsabilidad de representar.
La pregunta es, ¿cumplirá? Su palabra está empeñada, y la LXI Legislatura será su escenario para demostrar si realmente está dispuesto a trabajar por los sanjuanenses o si sus promesas quedarán en el olvido, como tantas otras.
El tiempo dirá si este diputado cumplirá con su palabra. Lo cierto es que los ciudadanos estarán vigilantes, esperando que las promesas se conviertan en acciones concretas y no en meras palabras al viento. Recordemos que Inzunza aspira a gobernar San Juan del Río y está obligado a cumplirle a los sanjuanenses.
Pero no solo Inzunza estará en el ojo del huracán. Los diputados y representantes populares, tanto electos como reelectos, deben garantizar no solo trabajo legislativo sino también de gobierno.
Un caso destacado es el municipio de Tequisquiapan, donde el priísta-morenista Héctor Magaña tendrá la tarea de desentrañar la madeja de corrupción en el gobierno de Antonio Mejía Lira.
Y es que se rumora que Mejía Lira ha estado obstaculizando todo intento de trabajo transitorio, lo que podría indicar que no sabe cómo ocultar las irregularidades que Magaña estará obligado a investigar.
En su caso, deberá aplicar las leyes para sancionar las posibles irregularidades que, según se comenta, son evidentes en el manejo de recursos y que deberán ser castigadas.
Otro caso que llama la atención es el de Oscar Pérez Martínez, de Movimiento Ciudadano, quien fue servidor público en el gobierno de René Mejía Montoya. Se dice que su equipo de transición, que solicitó y recibió más de 140 mil pesos para los trabajos de entrega-recepción, no ha tenido ningún acercamiento real con el gobierno saliente, a pesar de estar ya en vísperas del nuevo gobierno.
Además, se menciona que Pérez Martínez, ahora presidente electo, enfrenta una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía Anticorrupción por su desempeño anterior en la oficialía del municipio. ¿Habrá 'borrón y cuenta nueva'? Estaremos vigilantes.