Querétaro, 28 de febrero del 2023.- Este martes, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de un notario y ex funcionario público por el delito de violencia de género a una ex trabajadora.
La mujer, presuntamente fue víctima de violencia emocional y amenazas durante su relación de trabajo, advirtió Jorge Alejandro Bárcenas Pérez, abogado de la víctima.
En el penal de San José El Alto, Bárcenas Pérez, explicó que se espera complementar la carpeta de violencia de género por robo y por privación ilegal de la libertad.
Destacó que el acusado encerró en una ocasión a su ex trabajadora en su oficina, cuando se desempeñaba como administradora de la notaría, por lo que la amenazó para evitar que saliera hasta que firmara un documento.
La situación de violencia, Bárcenas Pérez señaló que inició desde mayo del año pasado y abundó que el presunto agresor fue magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, además de asesor de la gubernatura en la pasada administración encabezada por Francisco Domínguez Servién.
"Es un caso por violencia de género en contra de un ex servidor público, ahora fedatario público. Es una persona sumamente violenta, tiene varias carpetas de investigación por robo, tiene lesiones dolosas. Antecedentes de haber golpeado a su ex pareja. Es una persona que totalmente se conduce con impunidad (...) siempre escudándose de ser funcionario", declaró.
De acuerdo con Bárcenas Pérez, aún no se logró la vinculación a proceso, debido a que se pidió un aplazamiento de la audiencia, la cual será retomada el próximo lunes seis de marzo.
Al respecto, el abogado subrayó que si bien la Fiscalía General del Estado emitió medidas cautelares a la víctima y se le entregó un tarjetón, es necesario que se retome la audiencia y que el juez emita una medida de protección.
"Esperamos que se vincule a proceso, que se haga una medida de protección fuerte. Obviamente nos gustaría la prisión preventiva, pero esperamos lo que la Fiscalía solicite (...) Queremos hacer justicia para que no quede impune", declaró.
Debido a las afectaciones físicas y emocionales a la víctima, Bárcenas Pérez subrayó que se busca también el pago del tratamiento médico que requiere su cliente y que incluye hospitalización.
Aunado a este proceso penal, se continúa una demanda en lo laboral por despido injustificado, abundó.