Querétaro, 29 de octubre de 2024 - La diputada Perla Patricia Flores Suárez, coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXI Legislatura de Querétaro, recibió a un grupo de estudiantes adultos, docentes y madres de familia de la escuela de educación especial Saori Atenea, que atiende a jóvenes con trastorno del espectro autista y otras capacidades diferentes.
Durante su visita a la sede del Poder Legislativo, el grupo conoció las instalaciones y recorrió el Salón de Pleno.
La directora de la institución, Elisa Omaña Castellanos, junto con madres de familia, aprovechó la oportunidad para expresar a la diputada la necesidad de impulsar leyes que favorezcan la educación especial en el estado.
Diputada del PVEM impulsa educación inclusiva para jóvenes con autismo en Querétaro.
Subrayaron los obstáculos que enfrentan los estudiantes con condiciones especiales para acceder a oportunidades académicas, incluida la posibilidad de cursar una carrera profesional, debido a las barreras que todavía existen en el sistema educativo.
La legisladora Perla Flores destacó la importancia de fomentar empatía y apoyo hacia infancias, adolescencias y personas adultas con trastorno del espectro autista, subrayando la responsabilidad del estado de garantizar derechos y oportunidades inclusivas para este sector de la población.
El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva. 
El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva. 
Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, recibió los paquetes con 64 mil 497 firmas en la sede del Congreso de Querétaro. 
El acto reunió a cuatro legisladores panistas y al diputado independiente Enrique Correa Sada; el Frente calificó la entrega como la movilización ciudadana más amplia en el debate del aborto en la entidad. 
La propuesta plantea elevar el mínimo vital de agua de 50 a 100 litros por persona al día y establecer mecanismos de vigilancia ciudadana del servicio. 