En entrevista, la maestra en Demografía explicó que un ideal en esta emergencia sanitaria sería que las dependencias de gobierno otorguen un apoyo económico a madres jefas de familia y mujeres de los niveles socioeconómicos más bajos, quienes tienes hijos menores de edad y necesitan recursos para pagar renta de la vivienda, comida y agua, entre otros servicios básicos.
Las mexicanas viven desigualdad económica, aseguró; por ejemplo, el ingreso promedio mensual por trabajo de las mujeres es de 4.2 mil pesos y el de los hombres es de 5.3 mil pesos.
Asimismo, la media de horas trabajadas semanales es de 37.9 para las mujeres y la de los hombres es de 45.8, según datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Es decir, se necesitan políticas económicas con enfoque de género, como los apoyos económicos, expuso Pérez Baleón.
Estos ingresos, agregó, serían un mecanismo para enfrentar estar crisis sanitaria que ya se convirtió en una crisis económica, porque las personas no pueden salir a trabajar como medida para evitar el contagio del virus y por tanto no tienen ingresos.
Para la académicas, si bien el desaparecido programa “Prospera” tenía muchas limitaciones, sí tenía una ventaja, los apoyos económicos se entregaban a las mujeres, quienes podían administrarlos para atender las necesidades básicas de hijas, hijos, o del hogar.
La académica reconoce que si bien en México se habla de proteger a las personas más pobres, este enfoque no considera la perspectiva de género.
Un análisis del Instituto Nacional de la Mujeres muestra que la población sin ingresos propios, es decir, sin sueldos, jubilaciones, pensiones, o incluso sin transferencias monetarias sociales otorgadas por el gobierno, está compuesta principalmente por mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), de 2018, la población sin ingresos propios fue de 13.8 millones, de esta cifra 82.5 por ciento correspondió a mujeres y el resto a hombres.
Con estos datos como antecedentes, Pérez Baleón explicó que cuando hay una emergencia sanitaria es importante tomar en cuenta el enfoque de género y no caer en el riesgo de creer que toda la población está en las mismas condiciones económicas, sociales y culturales.
“No todas las mujeres y hombres están en las mismas condiciones, ni en las mismas posibilidades”, explicó.
Por ejemplo, mencionó que no todas las personas tienen condiciones para realizar trabajo en el hogar, para ello necesitan trabajo formal y elementos como teléfono, computadora, celular o internet, o bien, un empleo flexible que permita hacer actividades donde se pueda o hacerlo a distancia; o un empleo en que te paguen aun estando resguardado en casa.
Sin embargo, reiteró, hay población que está en el desempleo o la informalidad, que viven al día, y si a esa desigualdad se le agrega el enfoque de género, se podría ver a las mujeres en el mercado laboral y en situaciones de desventaja, condiciones que no son de este gobierno ni de esta emergencia sanitaria, expuso.
Ahora, dijo, la gran mayoría de las mujeres que trabajan van a tratar de conciliar su vida familiar con sus responsabilidades con sus hijas e hijos y el trabajo del hogar.
“Los hombres no necesariamente se involucran de la misma manera en el trabajo doméstico”, agregó.
Como dato, el Instituto Nacional de las Mujeres ha señalado que las mujeres invierten 39 horas semanales en trabajo de cuidados y domésticos y los hombres solo 14.
Las mujeres suelen ser las cuidadoras porque además de cuidar a sus hijos menores de edad, tienen que cuidar a sus padres, a sus suegros u otras personas adultas mayores o con discapacidad. “Ese es el panorama que tenemos que ver cuando se habla de ver la emergencia con un enfoque de género”.
El problema aquí, finalizó, es que cuando se está viviendo el problema parece que es la persona la que no tiene herramientas para afrontarlo, que si hay una situación negativa es culpa y responsabilidad de ella, por eso Guadalupe Fabiola Pérez Baleón consideró necesario tener una respuesta de Estado, con acciones como las que se han implementado de dar microcréditos o seguir con apoyos económicos y becas.