“Pacto patriarcal” impide a mujeres acceder a pensión alimenticia

México, DF, 5 jul 13 (Cimacnoticias).- Como si existiera un pacto de poder entre los hombres, cada vez que una mujer se separa de su pareja y se atreve a demandar una pensión alimenticia para los hijos, el deudor alimentario, el abogado que lo defiende, el jefe de la empresa donde él trabaja, el agente del MP e incluso el juez, se coluden para perpetuar una “paternidad irresponsable”.

Al final –afirma Marta Torres Falcón, profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)–, las mujeres se enfrentan a un sistema de justicia patriarcal y a una sociedad que sigue con la idea de que ellas quieren arruinar económicamente a los hombres, pese a que exigen un derecho que por ley debería ser garantizado.

En entrevista con Cimacnoticias, Torres Falcón, también licenciada en Derecho y doctora en Ciencias Sociales y quien se ha dedicado a investigar los derechos femeninos y las relaciones de género en el hogar, sostiene que demandar la pensión alimenticia es un fenómeno de raíces profundas que debe cambiar a través de reformas legales y concientización.

“Estamos pensando que los hijos son fundamentalmente de las mujeres. Se sigue pensando que la crianza de los hijos es su responsabilidad. En la medida en que ellos asuman como propio el cuidado y la crianza de los hijos vamos a tener mejores resultados. Los hombres que lo están haciendo por supuesto que nunca los vamos a ver demandados por una pensión alimenticia”.

Esta semana, Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, informó que en la Ciudad de México se han registrado 70 mil juicios de pensión alimenticia.

Por otro lado, de acuerdo con las Estadísticas de Nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para 2011 se habían otorgado sólo 4 mil 247 pensiones alimenticias en todo el país.

En este contexto, la ex coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México sostiene que el gasto cotidiano sigue siendo una fuente de conflictos en muchas parejas que se divorcian o se separan.

Explica que el divorcio es un proceso complejo que implica la separación de bienes si el matrimonio fue por bienes mancomunados y una pensión alimenticia para las y los hijos y otra para la esposa.

Esto es un problema porque generalmente abogados litigantes, jueces y agentes del Ministerio Publico no separan la pensión para la mujer y los hijos, y piden en una sola demanda ese derecho, señala la especialista.

Torres Falcón explica que la consecuencia de no separar la pensión alimenticia para la madre y para los hijos es que se sigue pensando que la mujer es dependiente económicamente del marido y, lo más alarmante, que para otorgar la pensión alimenticia el sistema judicial le pide a ella una especie de “cinturón de castidad”, es decir, que no se vuelva a casar o no se una en concubinato.

Incluso –abunda– hay muchos casos donde no se demuestra que ella tiene otra pareja, sólo se sospecha, pero el varón argumenta ante el juez que no está obligado “a mantenerla”.

La ley dice que la niñez –menores de 18 años– tiene derecho a recibir alimentos y este concepto comprende la comida, el vestido, la vivienda y los gastos necesarios para acudir a la escuela o adquirir productos básicos, pero Torres Falcón aclara que en la práctica los padres evaden esta responsabilidad y en ocasiones obligan a las mujeres a renunciar a este derecho.

La explicación es que una demanda que dura meses y se puede prolongar por años hace que ellas digan “lo que quiero es salir, quédate con todo, quiero mi libertad, quiero irme”, sobre todo si con la ex pareja vivió o vive situaciones de violencia.

La autora del libro “La violencia en casa” señala que si las mujeres demandan este derecho y logran obtener una sentencia a su favor llega el problema más complicado: aquí es donde se distinguen los “pactos patriarcales” en su máxima expresión porque es cuando un deudor alimenticio encuentra apoyo en su jefe, su abogado y el juez.

“Las mujeres demandan la pensión alimenticia, el juez ordena al empleador de la empresa privada o pública que descuente un porcentaje del ingreso del deudor alimentario. A veces el descuento llega en la primera y segunda quincena, pero en la tercera los hombres repentinamente dejan de trabajar, prefieren dejar de trabajar que dar dinero para que coman sus hijos”.

En este punto pueden haber sucedido varias cosas, por ejemplo que él deje de trabajar, que se cambie de empleo o que pida a su patrón que le baje el salario, entre otros trucos para hacer creer que no tiene recursos económicos para sostener a las hijas e hijos. “Van a apelar el fondo de la pensión; lo que muy pocas veces he visto es que la acepten y no la hayan eludido”.

De acuerdo con la experta, durante los últimos 20 años de investigaciones sobre la violencia en la pareja se ha encontrado que los jueces conceden pensiones mínimas. La pensión más alta de la que se tiene conocimiento es de un hombre a quien se pidió que otorgara el 55 por ciento de su salario para su ex pareja y sus ocho hijos.

“Ya sabemos: las mujeres trabajamos y damos a la casa el 120 por ciento de lo que ganamos. Entonces una mujer trabaja y lo que gana es para su casa, para los hijos, para el súper y hasta cuando se compra un suéter lo hace con cierta culpa. Los hombres entregan, en el mejor de los casos, una parte de su ingreso”, critica.

Torres Falcón menciona que los jueces han adoptado el criterio de que los padres tienen que quedarse con una parte del dinero para vivir, y bajo esa idea cuando hay un hijo de por medio se pide el 15 por ciento del salario; cuando son dos el 25 por ciento, con tres el 30 por ciento y si son cuatro o más el 35 por ciento. “El porcentaje suele ser limitado, generalmente insuficiente y muy peleado”.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México el 44.6 por ciento de las mujeres son pobres. Sin embargo el Inegi indica que en 2011 las mujeres aportaron 79.1 pesos por cada 100 pesos que valen las labores domésticas y del cuidado en el hogar.

La doctora reconoce que hay hombres que no necesitan convenios, firmas o exigencias para dar dinero para sus hijas e hijos, pero advierte que esos casos no los conocemos porque no llegan a los juzgados, los casos que están en litigio son así de difíciles porque son para lograr una pensión alimenticia.

Agrega que los pactos patriarcales no son un tema de clases sociales, se puede ver a un presidente, un ministro o un ex gobernador negándose a dar la pensión alimenticia como a un taxista, un mecanismo o un funcionario de una dependencia de gobierno.

“Tenemos numerosos casos de mujeres que tienen que hacerse cargo de sus hijos porque los hombres sencillamente no dan dinero para la cuestión alimentaria, y en este terreno es donde hace faltan reformas legislativas y sobre todo el trabajo de concientización de los jueces”, indica.

La ley deja a los jueces la decisión de fijar el porcentaje de la pensión y no hay medidas que los obliguen a emitir sentencias eficaces, para garantizar el derecho de las y los hijos a recibir alimentos.

“En la ley se debería establecer un tabulador para regular los porcentajes”, para que las mujeres obtengan recursos que realmente solventen los gastos básicos.

“En segundo lugar las leyes deberían señalar medidas de apremio para cumplir con la pensión alimenticia. También tendría que haber mecanismos más eficaces para garantizar el cumplimiento de la pensión. Por ejemplo, cuando un hombre es empleado público no es tan difícil porque se manda un oficio a la dependencia u organismo y el porcentaje se descuenta”, concluye Torres Falcón. Por Anayeli García Martínez