En un comunicado, la dependencia indicó que en atención a un reporte por parte de elementos de la Policía Federal, a través del cual informaron que durante la revisión de mercancías transportadas por una empresa aérea comercial, localizaron una caja de madera proveniente de León, Guanajuato, en la cual se señalaba como “animales vivos” y se escucharon rugidos.
Personal oficial de esta Procuraduría acudió a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tijuana, en donde conjuntamente con elementos de la Policía Federal abrieron la caja mencionada.
Encontraron un ejemplar de felino, que por sus características físicas y morfológicas se reconoció como un cachorro de León Africano (Panthera leo), hembra de aproximadamente dos meses de nacido.
Al requerir a los representantes de la aerolínea los documentos entregados por el remitente para el envío del ejemplar, estos presentaron dos notas de remisión, la primera de un ejemplar de tigre de Bengala (Panthera tigris) el cual no fue observado, mientras que la segunda correspondía a un organismo de león africano (Panthera leo).
Al realizar la valoración de la documentación exhibida para acreditar la legal procedencia del ejemplar de león africano, se detectó que no señalaba los requisitos establecidos en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento. Asimismo, al realizar la lectura del microchip de identificación, se detectó que el organismo no contaba con uno.
Ante tal circunstancia, se procedió a levantar el acta circunstanciada correspondiente, haciendo del conocimiento a los elementos de la Policía Federal de lo detectado durante la verificación del ejemplar y la documentación.
Debido a que la especie de león africano (Panthera leo) se encuentra enlistada en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), este hecho puede considerarse como un delito contra la biodiversidad.
Los policías federales aseguraron el organismo y lo trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), para ponerlo a disposición del Ministerio Público federal e iniciar la investigación correspondiente.
Aunado a lo anterior, esta autoridad ambiental solicitará al agente del Ministerio Público la coadyuvancia del caso, a fin de aportar los elementos necesarios para robustecer la carpeta de investigación aperturada.