Las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) expusieron que a tres años de los hechos "continuará agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares".
En un comunicado conjunto, indicaron que de los avances y los resultados de las pesquisas se han informado a los familiares y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en seguimiento a sus medidas cautelares.
La PGR señaló que avanza en las investigaciones y la búsqueda de los de 43 estudiantes, ha procurado mantener la más amplia comunicación con sus familiares y representantes, y la atención a los requerimientos del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Apuntó que luego de los trágicos y condenables hechos se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias, entre las que en encuentran aquellas planteadas por los familiares de las víctimas.
También las indicadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, así como las relacionadas con las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Mientras que las recomendaciones y peticiones (973) que hiciera en su momento el GIEI se han atendido casi en su totalidad y todo momento se ha obrado con objetividad en este caso, cuya investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la PGR.
"Los más de 500 tomos del expediente así lo confirman, además hay más de 120 personas bajo proceso judicial como resultado del trabajo de investigación en torno al caso. 71 de ellas están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes", detalló.
El Gobierno de la República hizo hincapié que si bien no se cuenta aún con sentencias se debe principalmente a dos razones sustantivas: por un lado a que los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo.
Además a que no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras continúen ofreciendo pruebas, sin embargo la PGR "continúa desplegando sus mayores esfuerzos para que los procesos judiciales avancen de la manera más expedita posible".
En atención a las líneas de investigación planteadas por los familiares de las víctimas directas y sus representantes indicó que se han dilucidado aspectos centrales de los hechos.
Para ello se ha seguido un cronograma de 11 puntos entregado en su momento a la CIDH y notificado a la representación de las víctimas, entre los que destaca la situación específica de elementos policiacos municipales que han pedido se proceda contra ellos.
Además lo relativo al denominado quinto autobús, lo concerniente a la telefonía de los estudiantes desaparecidos, así como los detalles sobre la operación que tuvo la noche de los hechos el C4 de Iguala.
Otro punto tiene que ver con el esclarecimiento sobre la identidad de personajes que era imperativo aclarar ("El caminante" y "El patrón") y la definición sobre la existencia o no de responsabilidades de elementos policiacos estatales y federales.
Además la obtención de información mediante una solicitud de asistencia jurídica internacional al Gobierno de los Estados Unidos, sobre el trasiego de drogas de Guerrero a la ciudad de Chicago, por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Resaltó que en este proceso de atención al caso la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, que es parte fundamental de las acciones en marcha, como lo contemplan las medidas cautelares de la CIDH, se emprendió con múltiples acciones, en terreno, en instituciones y con uso de tecnología avanzada (Lidar).
Actualmente se examinan las imágenes obtenidas en una extensión de 60 kilómetros cuadrados de un área sugerida por la representación de las víctimas, para enseguida proceder a revisar directamente los lugares considerados, por sus características, como de ubicación probable de fosas clandestinas.
"Este es el ejercicio con empleo de esa tecnología", añadió el gobierno.
Al precisar que la información sobre avances y resultados se han hecho del conocimiento de los familiares en las reuniones que periódicamente se sostienen con ellos y sus representantes.
Mientras que a la CIDH "se le mantiene informada mediante la atención a solicitudes de información, así como en las audiencias públicas y privadas que periódicamente son celebradas con ese propósito".
Además, se comparte esa y cualquier tipo de información sobre el caso a través de los encuentros con la comisionada para México y personal técnico de la CIDH en las visitas oficiales y técnicas que se realizan en el marco del Mecanismo de Seguimiento sobre el caso.