Corrupción afecta a usuarios del sector salud, asegura estudio

México, 31 Mar (Notimex).- Las personas que se atienden en el Seguro Popular de enfermedades como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) e hipertensión corren doble riesgo de morir que quienes se tratan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), advierte un estudio de Nosotrxs.

La organización de la sociedad civil dedicada a temas de transparencia y combate a la corrupción, señaló en su investigación “Acceso efectivo al derecho a la protección en salud: personas de primera y de segunda”, que la brecha de atención entre el Seguro Popular y el IMSS se ha ensanchado.

El documento, elaborado por el integrante de la Comisión Ejecutiva de Nosotrxs, Alejandro González Arreola, detalla que la inversión pública al Seguro Popular ha caído significativamente en los últimos años, al tiempo que se han producido numerosos casos de corrupción.

Como consecuencia de lo anterior, quienes se atienden en el Seguro Popular de SIDA tienen 120 por ciento más probabilidades de morir que quienes lo hacen en el IMSS; en el caso de la hipertensión, la proporción es de 100 por ciento en el mismo comparativo.

Para la diabetes, el riesgo es 80 por ciento mayor en los pacientes del Seguro Popular respecto a los del IMSS, y en cáncer de mama es 46 por ciento mayor, lo que muestra que la población atendida en el Seguro Popular, usualmente la más pobre, enfrenta condiciones peores.

Entre las razones que explican esta brecha se encuentra la disminución en la inversión pública. En los primeros años del Seguro Popular la inversión total en salud pasó de 5.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2003, a 6.5 por ciento en 2009.

De igual forma, la brecha de cobertura en salud se redujo significativamente: para el año 2010 se habían incorporado al Seguro Popular 34.3 millones de personas que antes no tenía aseguramiento en salud

Sin embargo, la etapa de prosperidad sostenida en la inversión pública en salud terminó con la administración federal anterior.

La inversión como proporción del PIB en 2018 bajó a niveles de 5.9 por ciento, de cuya cifra sólo la mitad correspondió a inversión pública y la restante, en lamayoría de los casos, a gasto directo de las personas.

Al estancamiento de la inversión pública se sumó un creciente número de casos de irregularidades administrativas en el uso de los fondos destinados al sector, de no pocos gobiernos estatales.

En ese sentido, el trabajo de González Arreola destaca la urgencia de revertir esa tendencia que afecta a personas de escasos recursos, a quienes se les trata como ciudadanos de segunda.

Se requieren más recursos fiscales invertidos de forma progresiva, es decir, más para quienes presentan las brechas más amplias de resultados; así como de un uso más eficiente e íntegro de los recursos públicos en salud.

Al respecto, el documento destaca que Nosotrxs mantiene una campaña titulada “No al huachicol de medicinas”, que pretende que los recursos públicos destinados al abastecimiento de medicamentos no se pierdan en corrupción del sistema.