México, marzo (SEMlac).- 2016.- La senadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mely Romero Celis, anunció que en breve se contará con un dictamen que busca evitar que, en México, la maternidad subrogada se convierta en fuente de turismo reproductivo, como ya ocurrió en otras latitudes.
En una rueda de prensa, la senadora priista comentó que esta práctica registra un incremento en México y, específicamente, en el Estado de México y entidades de la zona sur-sureste del país, donde incluso los congresos locales ya tuvieron que emitir regulaciones.
Refirió que Sinaloa es otra entidad que también presenta gran actividad en este sentido, por lo que su congreso local también emitió una serie de regulaciones.
La legisladora dijo que la iniciativa presentada en octubre pasado en el Senado busca disminuir al máximo la afectación a las mujeres, prohibir la explotación de mujeres con fines reproductivos y regulares, lo más posible, la práctica de la maternidad subrogada, al considerar que es nociva para mujeres y bebés.
Sin embargo, después de escuchar opiniones, la iniciativa inicial sufrió algunas modificaciones pero sin perder el espíritu y objetivo, de tal modo que el dictamen que en breve se aprobará no prohíbe completamente la práctica de la maternidad subrogada, pero sí la explotación de mujeres con fines reproductivos.
"Por ejemplo, estamos buscando que esta sea una opción para las parejas que realmente no pueden tener bebés; es decir, que sea de forma altruista, entonces no tiene que haber una contraprestación económica de por medio".
Agregó que esa será una de las condicionantes que se establezcan en la nueva legislación, "para precisar de manera muy detallada, en qué casos definitivamente queda prohibida, porque tiende a ser más bien explotación".
Asimismo, se sancionará a quien la promocione, al comentar que en el sur del país "literalmente se volantea o se promueve en algunos medios, en redes sociales; aquí tengo varias impresiones de páginas y perfiles de Facebook que están anunciando esta práctica, atrayendo a mujeres jovencitas", explicó la legisladora.
Apuntó que, en el mundo, lo que ha ocurrido es que la maternidad subrogada se ha convertido en fuente de ganancias multimillonarias, pero explotando a las mujeres y sin ninguna certidumbre legal para el bebé.
Añadió que en otros países, incluso, ha sido pretexto para el tráfico de órganos, de niños y niñas y trata de personas "se llegó a encontrar granjas, literalmente granjas de mujeres que estaban pariendo bebé tras bebé".
México el paraíso de la maternidad subrogada
Romero Celis abundó que mientras algunos países eran permisivos, con consecuencias graves, en otros se prohibió, por lo que aseguró que "México comenzó a verse como el paraíso de la maternidad subrogada".
Se instalaron agencias que ofertan este servicio, principalmente a parejas del extranjero, lo que atrajo a mujeres que viven en condiciones de pobreza y, a cambio de dinero, se prestaron a ese tipo de prácticas sin que nadie les advirtiera posibles consecuencias.
Agregó que, en general, se busca a mujeres jóvenes, sanas y que ya hayan sido madres por lo menos una vez, a quienes se les ofrece desde 50 hasta 150.000 pesos, aunque "la agencia" -que cobra en dólares- obtiene por este "servicio" entre 850.000 y un millón de pesos (entre 49.500 y 58.200 dólares.)
La Senadora observó que la maternidad subrogada deja en la incertidumbre legal a la persona recién nacida, pues existe dificultad para su registro y, por otro lado, hay riesgos a la salud de las mujeres y de los y las niñas durante y después del parto.
Consideró que lo que está ocurriendo es que se están aprovechando de la situación económica precaria de las mujeres, de la ignorancia que tienen acerca de sus derechos y están siendo engañadas, en el mejor de los casos, o incluso obligadas.
"Lo que estamos buscando, precisamente, es que México no se convierta en este paraíso de maternidad subrogada de lo que nos están acusando o como nos están promoviendo en otros países", señaló.
Dijo que la propuesta del dictamen consiste en permitir la maternidad subrogada, pero sin que exista una contraprestación económica, lo que implica que no puede haber entidades o personas intermediarias y que sea el sector salud el que cuide y vigile toda la práctica, siendo la Secretaría de Salud la que determine los qué y los cómo.
Por tanto, concluyó, lo que se busca es sancionar a quienes promuevan esta práctica, quienes se aprovechen de las mujeres y de su condición de vulnerabilidad y a quienes cobren una contraprestación económica con sanciones que van de los seis a 17 años de prisión y una multa equivalente de 8.000 a 17.000 días de salario mínimo de culta. Por: Denisse Brauer