El procedimiento legal se encuentra registrado en el expediente SJR2/574/2014, además de otro por la vía civil, donde le exigen cumplir con la pensión alimenticia de su hijo.
Señaló que a la fecha su gobierno no ha tomado conocimiento oficial de dicho procedimiento, el cual dijo es de carácter “personal”, pero que al tratarse de una figura pública adquiere mayor trascendencia.
“Es una cuestión que no depende directamente de la presidencia municipal, la relaciones que tengan los funcionarios en cuestiones personales y que tengan una consecuencia legal, son ellos los que deben afrontarla”, apuntó Pineda.“No sé si el señor J. Luz tenga esta situación jurídica, no conozco la documentación ni el número de averiguación (…) Lo que sí el llamado que hacemos es que todos los que estemos involucrados en funciones públicas podamos conducirnos de la mejor manera, tanto en la vida profesional, como en la privada”.
Recordó que García Orta es el delegado de San Pedro Ahuacatlán y que ante la serie de dificultades que ha venido enfrentando dicha comunidad, fue designado por el cabildo, es decir que en la decisión no intervino la voluntad de la ciudadanía.
“Estaba en función de la Secretaría de Gobierno, pero ahorita es delegado en la comunidad de San Pedro Ahuacatlán”.
Dicha información la ofreció luego de dar su opinión sobre los presuntos conflictos legales en los que está relacionado Juan Pablo Rangel Rodríguez, quien fuera contralor municipal durante la administración de Francisco Domínguez Servién.
“Por supuesto que invitamos a gente responsable, trabajadora y que tengan buena reputación para realizar su trabajo que requieren los gobernantes. Creo que lo principal es poder hacer la invitación no solamente por ser amigos del gobernador o de los alcaldes, sino que tengan un curriculum importante donde muestren capacidad y con ello podamos ser ejemplo todos los días”.
Cabe señalar que J. Luz García Orta enfrenta ante el ministerio público una demanda penal por lesiones dolosas y amenazas, en contra de la madre de su hijo y otra de carácter civil, donde la afectada exige el cumplimiento de la pensión alimenticia para el menor.
El primer expediente se desprende desde el pasado 26 de abril, cuando se presentó ante el ministerio público la denuncia penal.
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