Monterrey, 22 May. (Notimex).- El Congreso de Nuevo León aprobó reformas a las leyes de Movilidad Sustentable del Estado y de Metrorrey, para facultar al poder legislativo fijar las tarifas del transporte urbano de pasajeros y a la Constitución local.
En Sesión Extraordinaria, de la que se ausentaron diputados de los partidos PRI, Nueva Alianza y PT, los 22 diputados locales restantes -20 del PAN, uno del PRD y el independiente Erick Godar Ureña- aplicaron mayoría simple para dar trámite a los procesos legislativos.
En principio, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) intentaron aprobar los dos dictámenes en Sesión Ordinaria, la que clausuraron al no haber presencia suficiente para llevar a cabo la aprobación plenaria y convocaron de inmediato a Sesión Extraordinaria.
Ya en la sesión extraordinaria se aprobaron en primera vuelta reformas, relacionadas con la participación ciudadana, a la Constitución local, para considerar las figuras de referéndum y plebiscito y garanticen a ciudadanos participación en estado y municipios.
"No le tenemos miedo a empoderar al ciudadano y se da paso a esta nueva forma de gobernar", dijo el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Ruiz García, quien sostuvo que con las aprobaciones de hoy, "el Congreso ?local- se viste de gala", señaló.
En cuanto a las reformas a las leyes de Movilidad Sustentable del Estado y de Metrorrey, destacó que simplemente se retornó al legislativo la facultad de fijar las tarifas del transporte urbano en camiones, metro y taxis.
Enfatizó que como representantes populares, a partir de este cambio legislativo velarán por los intereses de los usuarios de los sistemas colectivos de transporte.
A partir de ahora, dijo, los diputados locales, y no el Ejecutivo estatal, fijarán las tarifas del transporte urbano, acorde al servicio y al bolsillo de los pasajeros.
Para el líder de la fracción local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edgar Romo García, fueron irregulares los procedimientos legislativos y cuestionó que no se hayan privilegiado los consensos entre todos los grupos partidistas representados en la LXXIII Legislatura local.
En el caso de la Ley de Participación Ciudadana, consideró que será débil, pues "no cumple con el procedimiento legislativo indispensable para tener validez y va a estar sujeta a la revisión de los tribunales".
Respecto al transporte urbano, calificó como irresponsable que los legisladores locales pretendan ser quienes fijen las tarifas, "cuando los empresarios del transporte y las autoridades gubernamentales lo que han venido solicitando es mayor especialidad en el tema, mayor tecnicismo y menos partidización".