Ciudad de México 28 septiembre 2016, Cimacnoticias.- Este lunes se cumplieron 2 años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
2 años, implican siete letras en dos palabras que se dicen fácil. Dos palabras que para 43 familias son días sin horas, casi un tiempo interminable de dolor y angustia convertido en rabia.
Hace un año estas familias se reunieron con la máxima instancia del gobierno mexicano, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad; pese a las promesas de Enrique Peña Nieto, de investigar para llegar a “saber qué pasó con cada uno de sus hijos y que haya justicia”, 360 días después de la promesa, aún no se sabe más de lo que antes se había dicho.
3 meses después de esta reunión, en diciembre de 2015, medio centenar de madres de personas desaparecidas se encontraron en el Cuarto encuentro de la Red Nacional de Defensoras, ahí también estuvieron dos de las madres de los jóvenes normalistas.
“¿Cuántos hijos ha perdido usted? -le dije al presidente- ¿Cuántos, dígame? ¿Ninguno verdad? Entonces ¿cómo me pide que lo supere? ¡Cómo me dice eso! si yo lo crié, lo crecí, lo llevé 9 meses dentro de mí, ¡y me lo quitaron!”, narró María Concepción Tlatempa Colchero, Madre de Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa cuando estuvo en su encuentro con Enrique Peña Nieto, en 2015.
2 años en que estas madres han caminado más allá de lo que ellas mismas imaginaron, que se han sentado con autoridades que antes ni soñaban tener cerca. Mujeres que vieron transformar su vida a raíz de la desaparición de sus hijos. Ellas no lo decidieron, no pidieron convertirse en defensoras, fue el Estado el que las convirtió al arrebatarles a sus hijos.
Hoy volvieron a las calles a exigir justicia para que sus muchachos regresen a casa. Una y otra vez han reafirmado que no se detendrán hasta dar con su paradero, hasta obtener la justicia.
Como ellas, otras mujeres más se suman a la exigencia de justicia ante otros agravios cometidos por el Estado, pero esta vez no es en las instancias nacionales, ahí la buscaron pero no lo lograron, ahora se van más allá de nuestras fronteras: a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a las 11 mujeres violentadas sexualmente durante la represión al pueblo de Atenco en mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México.
Ellas también han caminado una década para exigir su legítimo derecho a la justicia, no sólo para ellas sino para evitar que otras mujeres sean vejadas, para que el Estado mexicano cumpla con las víctimas, asuma su responsabilidad, castigue a los responsables tanto intelectuales, a los que dieron la orden, como a quienes ejecutaron la acción.
Dos historias, dos situaciones distintas, no sólo por el tiempo sino por los hechos que las han llevado a caminar rutas similares en la búsqueda de justicia. Mujeres todas que rompieron el silencio, que han puesto sus voces para evitar que el olvido se lleve sus historias, sus dolores, sus rabias y su exigencia de justicia.
Ante los 2 años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto aseguró que seguirá investigando hasta dar con el paradero de estos jóvenes y que castigará a quienes estén involucrados en estos hechos sin importar jerarquías, ni si son de la delincuencia o de alguna instancia de gobierno local o federal.
Me pregunto si este mismo razonamiento será el que lleven las autoridades que representarán al Estado mexicano ante la Corte Interamericana en el caso de las mujeres de Atenco.
¿Será que el castigo llegará hasta quien hoy ocupa el Ejecutivo Federal?
