Transmutaciones

El 31 de julio de 2015 fueron asesinadas cuatro mujeres, Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia Martín, Nadia Vera Pérez y Yesenia Quiroz Alfaro, y el periodista Rubén Espinosa, en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

A cuatro años de este brutal crimen, no se sabe exactamente qué pasó, no se ha detenido a todos los presuntos autores materiales ni a los autores intelectuales.

Aunque atrajo la atención de la opinión pública por la cantidad de víctimas simultáneas, la saña con que fueron asesinadas, la actividad profesional de Espinosa, la ubicación en una colonia residencial de la capital, considerada hasta entonces “oasis de seguridad” en un país ensangrentado, las autoridades siguieron el mismo patrón de negligencia y omisiones que, desde los años 90, ha producido una impunidad sistémica en los casos de feminicidio y masacres.

En memoria de las víctimas y para exigir justicia y verdad, la organización defensora de la libertad de expresión y el acceso a la información, Artículo 19, dio a conocer una plataforma virtual (https://casonarvarte.articulo19.org), donde se reúnen informes sobre la conducción de las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal (PGJDF) y la cobertura de medios del caso.

Se presentan también breves perfiles de las víctimas que les devuelven la dignidad que les arrancaron las autoridades y la mayoría de los medios de comunicación que transformaron este brutal crimen en nota roja.

Como demuestran estos documentos, el “caso Narvarte” es paradigma de la impunidad perpetuada por las autoridades y de la manipulación informativa que contribuye a negar el derecho a la verdad.

En cuanto a las investigaciones llevadas a cabo por la PGJDF, como afirma el periodista y abogado Michael Reed-Hurtado, las autoridades no sólo fueron pasivas o negligentes, sino que tendieron “al ocultamiento o la neutralización de los controles que deben operar en un Estado de derecho”, ya que, además de la mecánica de los hechos, no determinaron el móvil ni los agentes intelectuales del crimen ni su posible vinculación con otros crímenes de violencia extrema.

Lejos de ser “una exquisitez”, como afirmara el entonces fiscal de investigación de homicidios, identificar a los autores intelectuales, y juzgar a todos los posibles involucrados forma parte del debido proceso, conforme a nuestras leyes y a las obligaciones internacionales del Estado.

En este caso, aunque Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera hubieran huido del Veracruz del entonces gobernador Javier Duarte, por amenazas y por el clima de hostilidad contra periodistas y defensores de Derechos Humanos, el procurador se apresuró a desechar la hipótesis de crimen político.

La PGJDF entrevistó al gobernador Duarte, pero, como explica la periodista Sara Pantoja, no realizó las indagatorias necesarias en Veracruz, ni investigó a las agencias de seguridad que el secretario de Seguridad Pública de la entidad tenía en la capital, ni aplicó el protocolo para investigar crímenes contra periodistas. Así, la hipótesis de crimen político quedó en la obscuridad.

La PGJDF tampoco investigó los cuatro feminicidios como tales. En cambio, optó por construir una historia amarillista que filtró a los medios. Ésta se basó en la revictimización misógina de Mile Virginia Martín, ciudadana colombiana y modelo, cuya nacionalidad y ocupación se convirtieron en estigma en la versión oficial, difundida en medios que reprodujeron las “confesiones” de los presuntos culpables de lo que primero sería un robo con violencia y luego un asunto de narcomenudeo, prostitución y venganza sangrienta.

La manipulación del caso y las filtraciones son responsabilidad de la PGJDF, cuya actuación mereció una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) en 2017, pero los medios y periodistas que, sin ética alguna, denostaron a Martín e invisibilizaron a las demás mujeres, también atentaron contra los derechos de las víctimas, el derecho a la información y a la verdad.

Ir hasta el fondo del caso, hacer justicia y sancionar a los funcionarios que obstruyeron las investigaciones es hoy deber ineludible de la PGJCdMx.