Terror impune: El Estado es responsable

Quienes han trabajado durante décadas contra la violencia hacia mujeres y niñas han señalado los problemas más urgentes, denunciado y seguido casos, implementado programas de prevencióny atención, y planteado soluciones.

Su trabajo las ha enfrentado a la inercia y falta de coordinación de las instituciones encargadas del problema. La maestra Irma Saucedo destaca en este campo por la claridad de su visión y su persistencia en crear redes e incidir contra las violencias machistas, desde la academia, la consultoría y el activismo.

Entrevistada acerca del informe de la ODI, Saucedo señaló que desde hace muchos años es evidente que no se sabe atender a niños y niñas víctimas de violencia sexual ni en el país ni en la Ciudad de México, donde supuestamente hay más y mejores servicios. Así, niños y niñas abusados en las escuelas, y sus familias, han quedado sin apoyo, sin que el Estado garantice sus derechos conforme a sus obligaciones internacionales, establecidas por ejemplo en Belem do Pará, convención que destaca la especialista porque la mayoría de las víctimas de violencia sexual son niñas y mujeres y en ella se plantean con claridad las obligaciones del Estado contra la violencia.

Saucedo explicó que el Estado está incumpliendo el mandato de “debida diligencia”, prevención, “juicio justo”, medidas legales eficaces, incluyendo medidas de protección (art.7), que en los casos de violencia sexual son cruciales pero que en México no se dan porque las fiscalías “tratan este delito como si fuera robo de autos”, y le tocara a otros resarcir a las víctimas.

Reparar el daño a las víctimas es obligación del Estado pero “no tenemos ningún mecanismo que lo garantice. Los efectos de la violencia nunca se toman en cuenta, ni el daño a la familia y el entorno”; la madre en general acaba haciéndose cargo de lo que le pasa al niño, “sin recurso de ningún tipo, ni legal ni de salud, ni psicológico, ni de terapia familiar”, que son indispensables.

Así, el Estado incumple también su obligación de contar con servicios especializados para dar asistencia a mujeres y niñas, como refugios o centros de cuidado y custodia de niñas afectadas (art. 8).

Mientras que los refugios son insuficientes, los servicios especializados para la infancia violentada no existen. “Este tipo de delitos se reproducen porque los agresores salen libres ya que las fiscalías carecen de áreas especializadas que cuenten con pediatras y paidopsiquiatras capacitados en violencia sexual. Desde hace años se ha señalado la urgencia de resolver esta grave carencia, más ahora dada la magnitud del problema.

La violencia sexual contra la infancia no es nueva en la CDMX. Saucedo denunció y siguió el caso de una escuela en Tlalpan: “nunca se hizo una investigación que llevara a capturar a la red”. Recuerda también el caso de Casitas del Sur, donde la propia procuraduría “estuvo involucrada” pues mandó niños ahí y “no se investigó, ni se descubrió la red responsable de ese maltrato”.

Acerca de las fallas en las investigaciones, la especialista, quien ha seguido de cerca terribles casos de violencia machista, es contundente: “los MP no están preparados, leen mal la problemática, construyen el caso sin evidencia, no investigan a los grupos en las escuelas, porque son grupos”. Así, el Estado incumple su obligación de proteger los Derechos Humanos.

Recordemos que el “Estado” está compuesto por instancias específicas. En este caso, son responsables las procuradurías anteriores y las actuales fiscalías; en la capital, la fiscal, la jefa de gobierno; en el país, las Secretarías de Educación y de Salud, Inmujeres, DIF, autoridades estatales y el propio presidente. Todos responsables de violar los Derechos Humanos, por negación, por falta de capacitación y porque “en vez de coordinarse, las instituciones compiten entre sí”.

Sin política pública integral para prevenir y sancionar estas violencias, niños y niñas quedan a merced de depredadores en instituciones convertidas en sedes de tortura.

Cuando, como en este caso, se denuncia la falta de respuesta del Estado a sus obligaciones nacionales e internacionales de protección a los Derechos Humanos, hay quienes plantean que ya no hay nada que esperar de éste. En este gobierno, además, parece norma negar la gravedad de la violencia o culpar de ella a gobiernos anteriores. Sin embargo, tras dos años y medio en el poder, las autoridades ya bien harían en reconocer sus responsabilidades y comprometerse con los Derechos Humanos, y garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Al preguntarle ¿qué pueden o deben hacer las instancias gubernamentales ante las denuncias de violencia sexual organizada en las escuelas y otros casos de violencia sexual y violencias machistas? y ¿qué se ha hecho ya desde la sociedad?, la maestra Saucedo insiste en la necesidad de que se diseñen, implementen y evalúen políticas públicas integrales, sustentadas en evidencia y en las mejores prácticas. Luego recuerda un proyecto de prevención de la violencia sexual que la doctora Ramos Lira y ella, con un equipo interdisciplinario, implementaron en 2007-2008 en una secundaria en Iztapalapa.

La clave de este programa, del que derivó un estudio premiado por UNICEF en 2009, fue la incidencia simultánea en dirección, docentes, padres, madres y estudiantes, en la escuela, y la construcción de una red entre ésta y las instituciones locales de salud, incluyendo el hospital pediátrico, procuración de justicia, y la CDHDF, a cuyo personal se capacitó para atender casos de violencia. La coordinación interinstitucional permitió mejorar y hacer más eficientes los servicios existentes y en principio dejar instalada una red. Pese a su éxito, ésta no sobrevivió a cambios de funcionarios.

Para la especialista, que ha trabajado sobre incesto y violencia familiar, es indispensable la coordinación entre las fiscalías y el sistema de salud, donde se pueden detectar casos de violencia y violencia sexual. Para ello, el personal de ambos debe estar capacitado y trabajar juntos: al de salud le corresponde denunciar y al de justicia construir evidencia a partir de los datos de salud. Esto desde luego permitiría detectar el abuso infantil en las escuelas y hacer una investigación efectiva.

En términos más amplios, estas instituciones, señala Saucedo, deben romper con la simulación que conlleva contar como “atención” el número de personas que van de una a otra oficina. Podrían crear, por ejemplo, una ficha digital personal a la que accederían las instancias involucradas. Así se evitaría la revictimización y se podrían detectar casos de abuso organizado. También, añade, debería crearse un registro nacional de agresores sexuales para evitar que éstos vayan de un estado a otro – de una escuela a otra.

La responsabilidad atañe también a Inmujeres (y Conavim) que hasta ahora no ha diseñado ninguna política integral contra estas violencias. Debería ser al menos capaz de profesionalizar al sector público sobre este tema y trabajar con la SEP y la sociedad civil en la prevención de la violencia en las escuelas.

La pregunta aquí, añado yo, es si su directiva está dispuesta a encarar lo urgente, a rendir cuentas y a trabajar con las ONG, conforme a su normativa.

Aunque reconoce que también se requieren más recursos financieros, Irma Saucedo afirma que, aun bajo la “austeridad”, el Estado puede actuar mejor y cumplir con sus obligaciones si las instancias existentes asumen sus responsabilidades y coordinan sus trabajos, si se capacita a todo el personal involucrado, incluyendo a las fiscalías.

Existen soluciones.Lo que falta es el compromiso gubernamental con los Derechos Humanos.