En México, de acuerdo con estadísticas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), a diario son asesinadas seis mujeres –al menos así ocurrió en 2012 y 2013–, de las cuales alrededor de la mitad de casos son considerados como feminicidio.
Con este número ya en claro, nos sentamos a esperar los seis meses que se otorgan a los estados para acatar las recomendaciones, o de lo contrario se emitirá la Alerta de Violencia de Género (AVG) una vez concluido el proceso de investigación.
Así, mientras una instancia se toma el tiempo para cubrir las formas y postergar como lo han sabido hacer muy bien, pues las organizaciones civiles han tenido que literalmente obligarlas a emprender la respuesta de las AVG, luego de que buscaran todas las formas posibles para que se emitieran, y en respuesta sólo generan más formas de dilación a las acciones, mientras en sus casas y en las calles están asesinando a mujeres.
En el caso específico de las solicitudes de AVG para los estados de México y Chiapas, no hay procesos de investigación confiables que garanticen una respuesta apegada a derecho, pero sobre todo que efectivamente den respuesta a la problemática grave que significa el asesinato de mujeres.
Lo grave es la indiferencia; no se trata de cuánto tiempo pueden argumentar y postergar, dilatar, sino lo que representa en términos reales esa incapacidad de respuesta que no es sino la actitud que en torno a los derechos de las mujeres se muestra en nuestro país.
México parece tener sólo capacidad para violar institucionalmente los derechos de las mujeres y en este caso el derecho a la vida.
No dar respuesta, no tenerlo como una prioridad, no atender la problemática en la inmediatez envía un mensaje de que pueden seguir matando a las mujeres.
Sí, este es el país en el que se aprueban en forma rápida y exprés las reformas energéticas y todas las que llegan al Senado y a la Cámara de Diputados, pero no hay prisa por poner fin a los asesinatos de mujeres y niñas, y a las violaciones a sus Derechos Humanos. Para eso no hay urgencia.
La discrecionalidad que pretenden imponer a las investigaciones para emitir las AVG forma parte de la red de complicidades que caracterizan al sistema de injusticia de nuestro país, y frente al cual sólo la ciudadanía organizada, las activistas, académicas y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, pueden hacer pronunciamientos en demanda de más atención a este asunto por parte de la sociedad.
La demanda es también para que las autoridades incluyan en las investigaciones para determinar las AVG, grupos de trabajo en los que las académicas cumplan el requisito de ser especialistas en violencia de género y/o tener perspectiva y/o conocimientos probados de género, considerando que lo que se analiza es precisamente un fenómeno con estas características.
Así, los escritorios se llenan de papeles con fecha de vencimiento y las instituciones se cubren de oficios, que buscan evadir y en la gran mayoría de las veces dar la impresión de que se están combatiendo las condiciones que favorecen el feminicidio.
Un país al que parece no avergonzarle este hecho que ocurre en un supuesto Estado de Derecho y en una condición de supuesta “paz”.
Cada feminicidio que se comete en el país es un acto que nos llena de vergüenza a todas las personas, a las instituciones que prueban su ineficacia y deficiente trabajo, para contrarrestar un escenario de criminalización y agresión contra las mujeres.
Y a las familias de las mujeres y niñas que son asesinadas las llenan de dolor y frustración por la impunidad que hay en torno a los crímenes contra las mujeres.
Seis meses para esperar a ver si hicieron o no lo que la comisión investigadora les recomendó es demasiado tiempo, mucho, sobre todo si tomamos en cuenta que en la mayoría de esos estados el feminicidio no es un problema nuevo ni que apareció de pronto, sino que se visibilizó a partir del acumulamiento de mujeres asesinadas con impunidad y a las que ninguna ley fue capaz de protegerlas y garantizarles el derecho a la vida.
