En los últimos meses la sociedad mexicana ha sido testigo de liberaciones de personajes políticos y del crimen organizado que lo mismo van de un lado al otro, y que finalmente fueron liberados, generando en el ánimo de la población la sensación de que algo anda mal en la justicia en México.
Aún no terminamos de pasar el efecto Florence Cassez, contrario al de Teresa y Alberta, por un lado una francesa y por otro dos indígenas acusadas de “secuestro”.
El secuestro es considerado uno de los delitos más graves en el país como resultado de acciones promovidas contra el crimen organizado desde algunas organizaciones civiles vinculadas con acciones específicas, para castigar de manera “ejemplar” a quienes se convierten así en “enemigos del Estado”.
Cuando leí por primera vez el concepto del “derecho penal del enemigo” lo hice con un texto filosófico de Renato Sales Heredia y de inmediato me preocupó; la segunda aproximación fue en el texto de Isabel Claudia Martínez, joven penalista que ha explorado ese tema de manera insistente y, siendo periodista y no abogada, me parece que es un tema prioritario para quienes ejercen el derecho, pero también para quienes defienden los Derechos Humanos (DH).
La mía fue una aproximación desde mi formación como comunicóloga y el resultado fue preocuparme de cómo podría utilizarse como una extensión del Estado represor que he conocido históricamente, alejado del interés de garantizar el respeto a los DH y que defiende a capa y espada el arraigo domiciliario, y que pese al cambio del sistema inquisitorio al adversarial, prevalece en los mismos vicios y sigue sin garantizar imparcialidad o transparencia, apostando cada vez más por restarla al restringir el acceso a los medios de comunicación a los juicios.
Reflexiono sobre esto por las razones y condiciones por las que continúa en prisión Nestora Salgado; la justicia en México sigue sin garantizarse a sí misma, es más bien una extensión del sistema político aunque en ello se le vaya la credibilidad.
Es ahí donde encaja el tema de “enemigo del Estado”, que pensé podría utilizarse con fines políticos, si es referencia común la “fabricación de delitos” que durante tantos años se utilizó contra críticos políticos, lo mismo podría hacerse y convertir a cualquier ciudadano o ciudadana en enemiga del Estado, aliada del crimen organizado o secuestradora.
En el caso de Nestora, hay alrededor del hecho múltiples deficiencias del Estado mexicano: de entrada porque nadie quisiera –creo– convertirse en policía comunitaria, de no ser porque las condiciones de inseguridad y riesgo para la familia sean tan elevados que nos hagan pensar en protegerles de alguna forma, es decir surgen por una deficiencia que el Estado ha sido incapaz de atender.
Por otro lado, las condiciones alrededor de la criminalización de las autodefensas nos hacen pensar que el Estado no sólo es deficiente en procurar lo que es su obligación, sino que también puede castigar y usar todo el aparato –antes invisible– para castigar, detener, acusar, encerrar y por supuesto violar los DH, desoír a jueces o magistrados que han reconocido que Nestora actuó conforme a las leyes de la Policía Comunitaria de Guerrero, además de que el proceso ha estado plagado de deficiencias.
El caso de Nestora, como el de José Manuel Mireles, o como el de otros defensores de la tierra, activistas del medio ambiente que cualquiera que se oponga al sistema o crea que puede emprender la autodefensa, es convertirse en enemiga del Estado, ese mismo Estado antes invisible e inoperante, incapaz de garantizar la seguridad a sus familias y que los llevó a considerar la autodefensa.
México no pasa por un buen momento y es en los momentos más difíciles cuando la violación de DH se convierte en la delgada línea entre el ejercicio de la justicia y la persecución de algunos, máxime cuando el sistema no garantiza imparcialidad y persiste en sus prácticas de usar a la justicia como una extensión de la represión política.
Preocupa vivir en un país en el que la justicia es laxa cuando se trata de evaluar los actos de corrupción denunciados, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el fraude que empobrece, el desvío de recursos, el feminicidio o las desapariciones forzadas, pero es presto para procesar y para no liberar a personas que han cometido el delito más grave que les hace enemigos del Estado: defender sus derechos.