Una figura casi olvidada en los estados es el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que al igual que el Sistema Nacional son figuras integradas por instituciones con facultades para tomar decisiones, investigar y procurar el acceso a la justicia para las mexicanas.
Aunque en la mayoría de las entidades operan sólo en el papel y con actos protocolarios.
Mientras tanto, la violencia contra las mujeres en los espacios institucionales es cada vez más constante, pero no hay cifras ni se abren expedientes en las contralorías y los sistemas estatales no asumen ninguna acción en estos casos, en los que las Comisiones de Derechos Humanos (DH) actúan tibiamente o sin asumir o tomar partido por la ciudadanía.
Además faltan mecanismos que faciliten el acceso a la información para promover quejas, situación que contribuiría a hacer eficiente y más responsable el desempeño de los ministerios públicos, y por supuesto tendría consecuencia en el desempeño objetivo y con perspectiva de género de las y los jueces para el cumplimiento de garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, con base en el marco jurídico nacional.
Y es ahí donde nos preguntamos qué papel juegan los sistemas en los estados para acercar la justicia y la rendición de cuentas de las instituciones en la prevención de la violencia, constituidas en su mayoría sin participación de la sociedad civil; son jueces y parte sin elementos de autocrítica que les aproxime a un trabajo que dé respuesta concreta y real a la realidad que viven las mujeres y las niñas en México.
Los sistemas en los estados tienen facultades importantes que podrían fungir como vigilantes de las acciones que desde todos los poderes e instituciones se realizan, para hacer realidad la vida sin violencia de las mujeres.
Emanados de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son una estructura muy clara de responsabilidades; son las instancias que tendrían que estar interviniendo en todos los casos de violencia laboral, acoso y hostigamiento.
Además de reorientar las políticas públicas que no tengan perspectiva de género, y propiciar el desarrollo de habilidades y herramientas para la toma de decisiones, y orientar inversión hacia áreas o aspectos que sí contribuirían a favorecer la eficiencia de los ministerios públicos en la atención de la violencia contra las mujeres.
El Sistema Nacional podría apoyarse en el trabajo que realizan los sistemas estatales para revisar el cumplimiento de la armonización de leyes, el funcionamiento adecuado de las instituciones de acceso a la justicia, las medidas de protección para la vida de las mujeres, revisar y sancionar la falta de cumplimiento o de observancia de las leyes por parte de servidores o servidoras públicas, que incurran en violaciones de DH de las mujeres, entre muchas otros temas.
De funcionar, los sistemas en los estados serían instancias confiables y capaces de evaluar el cumplimiento de las metas de las políticas públicas y de la efectividad con la que se ejecuta el gasto público destinado a la igualdad de género.
Hasta ahora en la mayor parte de los estados en los que se ha solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG), se conjugan varios elementos que dan como resultado la omisión y la impunidad que contribuye a la violencia contra las mujeres.
Por un lado, el mensaje de tolerancia y de impunidad al no hacer efectivas las sentencias y sanciones ejemplares en casos de violencia sexual y violencia de pareja, que termina por agravarse y empeorar hasta derivar en feminicidio, en violencia social agravada por la inseguridad ciudadana en la que las mujeres y niñas son las víctimas constantes desde sus condiciones de vida de desigualdad por la violencia estructural.
Si no hay resultados, las cosas se están haciendo mal y en primera instancia los sistemas en los estados tendrían la responsabilidad de asumir una primera respuesta a la sociedad por los indicadores de violencia, por la generación o la inexistencia de estos indicadores, por el balance de cumplimiento de las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que a través de sus informes marca pautas a seguir.
Es decir, no hay que inventar el hilo negro: si cada figura derivada de la Ley General y la ley en los estados cumplieran o empezaran a cumplir con sus responsabilidades, tendríamos acciones para atender y prevenir la violencia, pero si los sistemas no empiezan a operar, nunca sabremos si son o no efectivos.
