Un ayuno y un pase de lista fueron el detonante. En Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, la situación para las mujeres del penal femenil se tornó más que difícil, y la causa que se originó por la demanda al respeto de sus Derechos Humanos (DH) terminó con represalias contra ellas que pusieron en riesgo su integridad.
La medida emergente fue la que suele aplicarse en estos casos: la titular fue removida. Sin embargo, este hecho sirve para poner atención acerca de las condiciones en las que están las mujeres en los penales en este país.
Si la condición de las mujeres en libertad es tan difícil, imaginemos por un momento cuál será la de aquellas que por diversas causas están privadas de ella. Indígenas, pobres, solas y abandonadas por sus compañeros o sus propios hijos al ingresar a un reclusorio, son prácticamente las olvidadas de todo el sistema.
¿Qué era eso extraordinario que pedían las mujeres? Pidieron trato humanizado, atención médica dentro del reclusorio, comida en buen estado y no en descomposición, medicamentos y acceso a los materiales para poder trabajar dentro del penal, debido a que ellas se sostienen de las artesanías que realizan.
Las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron una queja pública y que se hizo llegar al Consejo Social de Inmujeres, así como a otras instancias, denunciaron los hechos que a diario vivían las mujeres y que al igual que la violencia de género en el exterior, estaba prácticamente naturalizada, iba desde el aislamiento de seis internas del resto de la población penitenciaria, la violencia física (golpes y sometimiento con uso excesivo de la fuerza), las agresiones cometidas en su contra por agentes estatales antimotines, además de que se les daba agua salada para bañarse.
No sólo fue el quitarles las sillas y mesas para obligarlas a comer en el piso, también hubo amenazas inminentes de que serían trasladadas a penal de máxima seguridad de Nayarit, así como de quitarles sus hijos a aquellas que los tienen junto a ellas.
También y por supuesto estaban los cobros de cuotas que son de 500 pesos a la semana para cada interna, además de los tratos indignos que persisten y que ya han sido denunciados por el relator de la ONU para la Tortura, Juan Méndez, en su visita a México, y que ha sorprendido al mundo al dar pormenores de las prácticas reiteradas y naturalizadas de violaciones a los DH en los reclusorios, así como en hospitales psiquiátricos del país.
Hasta ahora en todo México, las únicas instituciones de DH que garantizan las condiciones en las que se encuentran las mujeres presas son las comisiones de Derechos Humanos, ya que aún hay resistencia a que intervengan y participen en las visitas las organizaciones defensoras, que en la mayoría de los casos son sometidas a revisiones exhaustivas o se les limita su intervención.
De ahí que sea necesario retomar, en el contexto de lo que ocurrió en Oaxaca, que los centros de reclusión de mujeres abran sus espacios a organizaciones defensoras de DH; especialmente a las de las mujeres que son siempre el “eslabón más débil” en el acceso a la justicia, pero también en la comisión de delitos en los que la razón de género ocupa un lugar primordial.
Las estadísticas arrojan que la mayoría de aquellas que ingresan por delitos del fuero federal está vinculada al “tráfico de droga” al interior del reclusorio donde se encontraba su esposo, compañero o pareja con el que mantenían un vínculo y visitas.
Sin embargo, cuando ellas son las que ingresan a los reclusorios prácticamente son olvidadas y nadie las visita.
En los penales hay también mujeres de edad adulta quienes ingresaron por ser las “avales” o “fiadoras” de préstamos que hizo algún hombre de su familia, por ser las firmantes en esos préstamos o porque aparecen como las responsables de algún delito cometido por algún hombre de su familia, principalmente hijos o nietos.
Esa es la realidad de muchas de las mujeres que purgan condenas o, en algunos casos, que ingresaron por ser familiares muy cercanos de delincuentes que cometieron graves delitos como secuestro o tráfico de droga.
También hay aquellas que cometen otros delitos, pero en gran medida en las prisiones de mujeres hay una reiterada comisión de prácticas violatorias de derechos femeninos.