Las Instancias de las Mujeres en las entidades

Las Instancias de las Mujeres en las entidades federativas nacieron con el objetivo de ser las impulsoras de las políticas públicas con perspectiva de género, de transversalizar éstas en las administraciones públicas y de implementar las acciones para prevenir la violencia y la discriminación contra las mujeres.

Para ello se diseñaron una serie de modelos, normas, parámetros y áreas de estudio y especialidad para encaminar las acciones a fin de mejorar la vida de las mujeres.

Sin embargo, al igual que en otros espacios de la administración pública, sus titularidades recaen más que en personas con un perfil o trayectoria –con algunas excepciones extraordinarias– en personajes político-partidistas vinculados con el gobernante en turno, ya sea por pertenencia al grupo político, al partido y/o porque, en el caso de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) se “entiende” que tiene que ser una mujer quien lo ocupe.

Desde el año 2000 a la fecha, cuando se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como respuesta a las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ya se cuentan con IMEF en las entidades federativas y cada una se rige con su propio criterio desde la persona que es nombrada como titular.

Desde el movimiento feminista hay conciencia de que las IMEF son resultado precisamente de la lucha feminista, así como sus presupuestos y los programas federales que ejecutan y que se discutieron en la Cámara de Diputados hacia finales de 2003 y 2004, cuando se propuso que los ejecutaran directamente y no se concentrara en la instancia federal, una medida de fortalecimiento a las entidades federativas.

Por esa razón y porque muchos de los principios que deben ejecutar son precisamente agenda impulsada y diseñada desde los movimientos feministas, la propuesta que surge en San Luis Potosí (SLP) y Chiapas, hasta ahora, de que sean mujeres con experiencia, conocimiento en género, agenda de derechos de las mujeres, transversalidad y políticas públicas con perspectiva de género, resulta una demanda que ya se había tardado.

La propuesta se centra en plantear la razón de por qué sí, por qué una feminista puede ser la titular de la instancia, y por qué los grupos feministas en cada entidad tienen el derecho de proponer a una mujer para ocupar ese espacio, y por fin de una vez dejarlo de ver como un espacio de acción partidista, para convertirlo esencialmente en uno de acción política a favor de las mujeres.

Tanto en Chiapas como en SLP hay argumentos, hay requerimientos específicos del perfil que deben reunir las mujeres y sobre todo se fundan en la preocupación de que en los derechos de las mujeres no podemos darnos el tiempo de experimentar y que haya personas de buenas intenciones que lleguen a aprender, o creer que la acción se puede emprender exclusivamente desde la experiencia de vida y el anhelo de una mejor vida para las mujeres.

Se requiere también empezar a garantizar el servicio civil de carrera en esas instituciones, que hacia el interior se reconozca el trabajo de las personas que se capacitan y profesionalizan, pero sobre todo empezar por garantizar el pleno respeto a los derechos de las mujeres y hombres que trabajan en esas instituciones.

Es una demanda justa, pero es sobre todo una petición fundada en el derecho que tienen las mujeres que han dedicado su vida al aprendizaje de la teoría de género, teoría feminista, políticas públicas con perspectiva de género y derechos de las mujeres, el aspirar al cargo de titularidad de la instancia de la mujer en su entidad federativa.

Esta acción podría irse replicando hacia otros estados en el futuro, en el corto plazo y debe empezar a hacérsele eco en los municipios, donde prácticamente en algunos estados no existen o lo hacen en el membrete, y sin ningún apoyo.

Casos en los que las directoras de las instancias municipales son las secretarias que le ponen un escritorio y una silla para que atienda a las mujeres que llegan a pedir información acerca de qué hacer porque no reciben pensión.

Cuando los derechos de las mujeres se conviertan en una prioridad en la administración pública de los estados, cuando las entidades dispongan además de Consejos Sociales efectivos y no formados por señoras de buenas intenciones, pero sin ningún conocimiento en los temas, o por ser familiares de los políticos en turno, entonces las IMEF empezarán a tener un trabajo que transforme la vida de las mujeres.

Como ya ha empezado a ocurrir en algunas entidades donde los nombramientos se fundaron en la experiencia en el tema de las titulares, como ocurre cuando el Consejo Social está integrado por feministas conscientes de la trascendencia de las decisiones y acciones que han de tomarse desde el Inmujeres y las entidades federativas.