Si algo fue celebrado en México fue la paridad de género como algo obligatorio dentro de las candidaturas, como parte de la reforma electoral aprobada a principios de este año.
Fue la consumación de más de 150 años de la búsqueda del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, pero también del ejercicio pleno de ésta en el escenario político-electoral, que al menos en papel ya garantiza que las mexicanas tendrán las mismas oportunidades que los hombres de acceder a cargos de elección.
De inmediato nos salta la pregunta si esta medida garantizará la participación política de las mujeres; la respuesta casi se puede adivinar, aunque no bajo un procedimiento azaroso sino del conocimiento, conciencia y reconocimiento de la realidad económica, social y política de las mujeres en este país.
Sabemos que la medida afrontará las mismas resistencias y reticencias que en su momento tuvo la fórmula 60/40.
En el proceso electoral de 2012 los partidos políticos tuvieron tantos problemas para alcanzar la participación mínima de mujeres en sus listas de candidaturas al Senado, Cámara de Diputados y elecciones locales, lo que quedó en evidencia además de los argumentos facilistas de “es que no hay mujeres”, “a ver, dame 10 nombres de mujeres que puedan ser candidatas”.
Al interior de los partidos no se ha trabajado en fortalecer la participación y los liderazgos femeninos.
Hasta ahora el trabajo de las mujeres consiste en hacer cabildeo, el barrido casa por casa, la búsqueda de apoyos, la negociación, el liderazgo a favor de un candidato, la coordinación, la búsqueda de recursos, pero pocas veces son nominadas para una candidatura, incluso porque otras mujeres les exigen “estar preparadas”, “hacer un buen papel” y “tener currículo profesional”.
Basta revisar que hay cuatro países que se adelantaron a la disposición de la paridad en sus marcos jurídicos electorales en América Latina, para darnos cuenta que lo de México es algo más que resistencia normativa, y halla una perfecta correspondencia con el escenario machista, discriminador, o en términos más estrictos de una estructura social proclive a la ponderación de la participación masculina en los espacios públicos y la masculinización del poder y nuestra manera de aceptarlo, entenderlo y relacionarnos con él, como sociedad.
No se trata exclusivamente de cuántas mujeres han llegado, sino cuántas al obtener una candidatura pasan automáticamente a ser voces dicentes del discurso patriarcal en el plano electoral que cumple a pie juntillas el dictado de la defensa misma del sistema y sus condiciones para con las mujeres.
También de cuántas mujeres realmente se plantean la posibilidad de desaprender esquemas de poder vertical y jerárquico, y optar por los que se proponen desde la teoría feminista o la teoría de género.
Retomando la pregunta inicial, ¿puede la reforma garantizar la incorporación de las mujeres y eliminar la exclusión estructural? La respuesta es no, como todo proceso de transformación social la especificidad legal ayudará en gran medida, aunque es la educación formal y la educación cívica la que contribuirá a favorecer realmente este cambio mediante espacios de formación, capacitación, empoderamiento y apropiación de los derechos políticos de todas las mujeres, creados por ellas mismas.
Lo que realmente ayudará es que la sociedad misma empiece por asimilar este proceso con el impulso de acciones de transformación comunitaria que alienten y permitan que las mujeres salgan de sus casas para instruirse, y formarse en sus derechos ciudadanos a votar y a ser votadas.
Las fórmulas nunca habrían sido necesarias como tampoco disponer de la “paridad” en el papel de no ser precisamente porque hay una sólida estructura social que se opone, cuestiona e impide la participación de las mujeres so pena de despojarlas, cuestionar, exhibirlas y castigar y reprender su intento de participación.
Y eso sin contar la doble o la triple jornada que constituye el más grande obstáculo para las tareas tradicionalmente conferidas a las mujeres.
