El caso de Emma Gabriela (Gaby) Molina Canto no ha recibido la difusión que en su momento tuvo el de Yakiri por varias razones. Entre ellas que ocurrió en una entidad –lejos del centro del país– donde las cosas se silencian hasta naturalizarlas.
Otra de las razones posibles es que a diferencia de Yakiri, el agresor está vivo y hasta ahora se ha salido con la suya, eso sí, ayudado por la justicia mexicana.
Sí, la misma justicia a cuyo nombre la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un reconocimiento en materia de Derechos Humanos otorgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además del escenario de injusticia, hay otras cosas en común con el caso de Yakiri. La más importante: el juez que lleva el proceso. Sí, sorprendentemente y aunque el hecho corresponde a un proceso que inició por un litigio de custodia, el caso derivó magistralmente en una denuncia presentada contra Emma Gabriela ante el Juzgado 68 de lo Penal a cargo de Santiago Ávila Negrón, el mismo que encarceló a Yakiri por el homicidio de su agresor sexual.
Sí, aunque parezca insólito, la justicia en México es pronta y expedita cuando de juzgar a las mujeres se trata. Más si quienes las acusan son los esposos, mucho más si está de por medio la custodia y muchísimo más si se atreven a defenderse.
El caso de Emma, que inició con un proceso por la custodia de sus hijos emprendida ante una juez de lo familiar en Yucatán, fue la gota que derramó el vaso de la violencia que ya venía recibiendo por parte de su esposo.
Quienes trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y la prevención y atención de la violencia saben muy bien que nunca está más en riesgo una mujer que justo cuando decide romper el ciclo de la violencia, y este caso lo evidencia.
Cuando Emma dejó Tabasco atrás, donde vivía con su esposo, y retornó a Yucatán y obtuvo la custodia de sus hijas e hijo, los cuales tuvo hasta el momento en el que en un operativo por demás ilegal la sorprenden y se los quitan, pero eso no fue suficiente, fue acusada del robo de la camioneta que era propiedad de una empresa del esposo.
Lamentablemente el hecho es algo común también; así operan cuando sienten que han perdido el control y las acusan de robo, les quitan a los hijos para chantajearlas, les quitan propiedades y las denuncian para que en complicidad con “la autoridad” las terminen por quebrar emocionalmente.
Pero en el caso de Emma no les bastó y la retuvieron cuatro meses en la cárcel en un proceso plagado de irregularidades que sólo podía ocurrir en un estado cuyo gobernador (Andrés Granier) fue acusado de fraudes millonarios con todo su equipo de colaboradores, entre los que se encontraba el esposo de Emma Gabriela.
Pero no fue suficiente; ella logró su libertad con el pago de una fianza, mientras que su ex pareja ya había obtenido en un proceso “exprés” la custodia de las dos niñas y el niño. El resto fue una pesadilla: a ella le fabricaron en el DF el delito de “fraude equiparado”.
Ligia, la madre de Emma Gabriela, no ha dejado de luchar un solo día para probar la inocencia de su hija que hoy permanece escondida ante la orden de aprehensión, bajo el terror de no regresar a la cárcel, y con el anhelo de buscar y recuperar a sus hijos que hasta ahora nadie sabe dónde están y dónde los tiene su padre.
La madre, una mujer jubilada, acudió ante todas las instancias. Aprendió a usar redes sociales apoyada por la defensora de derechos de las mujeres Adelayda Salas, en Yucatán. Ella ha emprendido una campaña por los derechos de Emma Gabriela, que ha buscado hacerse escuchar en medio de otros casos que reciben más atención mediática.
Doña Ligia, cansada y desesperada, cuenta la historia, habla y pide ayuda, clama por la justicia para su hija cuyo único delito ha sido amar a sus hijos y pelear por ellos, y haberse casado con un hombre que en medio de hechos ilícitos en Tabasco, encontró el escenario ideal para poner la justicia de su lado –nada nuevo cuando se trata de controversias entre esposos y esposas–.
Ella narra: “Dijeron que mi hija –el mismo día que aún estaba en la cárcel en Tabasco– contactó gente y robó dinero. Que ella y otra persona robaron dinero, que se encontraron en un café en el DF y que mi hija vive en la capital. ¿Y qué juez cree que es? El mismo que encarceló a Yakiri Rubí Rubio Aupart. El expediente de mi hija es el 96/2013”.
El miedo está latente en Emma Gabriela; ella permanece aislada por temor a volver a la cárcel, sin contacto con su familia ni amigos y bajo la tortura de no saber dónde están sus hijos, porque él, su esposo, tenía de su lado todo el poder y el apoyo de un Estado para mover la justicia a su voluntad, lo suficiente para mandarla cuatro meses a la cárcel y promover una denuncia ante un juez –hoy polémico– que garantizaba lo que caracteriza al sistema de justicia en México: efectividad contra las mujeres en la violación de sus Derechos Humanos.
La causa está en Avaaz.org y la información es difundida en twitter por la cuenta @adelitadecholul, que administra la propia madre de EmmaGabriela.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.