A pesar de que es una puntual recomendación, tanto del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana de Belém do Pará, para garantizar mediante un registro de víctimas por un lado, y la generación de indicadores de acceso a la justicia, por otro, la documentación de los casos de violencia de género en todos sus tipos y modalidades, especialmente la feminicida, es un enigma que apenas empieza a generar interés en actores públicos sobre su relevancia.
Hace ya un par de años que en una reunión de organizaciones civiles se les presentó el Banavim como una “panacea” que documentaría cada uno de los casos, que sería un registro puntual y que se encargarían de nutrirlo en las entidades federativas a través de las instituciones que son un primer mostrador de atención a víctimas de violencia.
Lo que no se dijo en aquella ocasión, aunque salió como duda entre la mayoría de las asistentes de la asamblea de organizaciones, era qué tan efectivo era el registro del Banco de Víctimas, que para entonces ya tenía una importante suma de dinero invertida, en algo que hasta ahora sigue sin ser funcional ni operable.
Para entonces, ya hacía varios años que había sido presentado en la Cámara de Diputados e incluso se generó un acceso para las y los legisladores, como una manera de “mostrar” que sí existía y no era sólo una captura de pantalla de un registro inexistente. Lo cierto es que se disponía de muy poca información y a quienes les otorgaron el acceso no hicieron uso de este sistema.
El acceso se mantuvo “restringido” exclusivamente para su fortuna porque cuando se ha tratado de buscar información sobre el número de mujeres o niñas víctimas de violencia, ese es un dato al que se debe recurrir de la forma tradicional en reportes del Inegi.
Acudiendo a las estadísticas de la Envipe (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública), anualmente se obtienen datos sobre los delitos que más afectan a la población y en los últimos dos años (2013 y 2014) han aumentado las víctimas mujeres, sin embargo no se presenta información desagregada a detalle para conocer cuáles, cómo, dónde y qué tipos de delitos son los que más están afectando a las mujeres.
Formalmente hasta ahora no aparece información específica sobre las defunciones de mujeres relacionadas por feminicidio, y mucho menos las lesiones por violencia familiar; datos precisos sobre violencia sexual ni soñarlo porque la denuncia sigue siendo baja, pues el sistema de justicia opera para hacer desistir a las víctimas.
Además que hay pocas sentencias sobre el número de casos denunciados que disminuye con un factor “embudo” para pasar todos los filtros que las denuncias, las investigaciones, los peritajes y por supuesto la continuación de la denuncia que ahora se demora mucho más con el pretexto de que la culpa la tiene “el nuevo sistema penal”.
Ningún estado aporta datos –por obligación y ante alguien– sobre cuántas órdenes de protección son otorgadas y por supuesto ni soñar que se documenten las solicitudes y las negaciones que se hacen de éstas, medida que he insistido en diversos foros que debe quedar por escrito para establecer responsabilidades en las y los servidores públicos que las nieguen sin establecer los parámetros de riesgo para las mujeres.
Crear un registro de solicitudes de órdenes de protección obligaría a los ministerios públicos a establecer y fundar muy bien por qué razón no se está otorgando, evaluar los riesgos y establecer si no hay elementos para que la vida de la mujer esté en peligro.
¿Por qué razón es importante esto? Por la sencilla razón de que en varios estados del país, al menos documentado está en Guanajuato, San Luis Potosí y Campeche (Ciudad del Carmen), donde se les negó la atención y este acto derivó en feminicidio.
Por eso son importantes los registros, sí, pero también lo es que se establezcan procedimientos reales y fundados en responder a situaciones específicas y no para tener escasos datos de escasísimos registros con variables inútiles, que de nada servirán si no se implementarán políticas públicas a partir de ellas.
Dato que no sirve es dato innecesario, y el Banavim no ha servido hasta ahora para generar ninguna política pública y mucho menos para establecer una acción por parte de alguna entidad pública o de sociedad civil.
Hasta ahora los casos de feminicidio siguen siendo registrados por grupos civiles, por periodistas feministas y observatorios, que sin recursos y abandonados, no sabemos si por capricho o voluntad, por Indesol a pesar de ser una acción efectiva implementada e impulsada para la participación ciudadana hace seis años.
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
