Los tiempos en México son críticos. El Alto Comisionado para la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo: “Hago un llamado urgente a ofrecer mayor protección a los defensores de Derechos Humanos y a periodistas. En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México”.
Y esa frase nos pone en contexto de la gravedad de las violaciones a los derechos de las personas en este país. Especialmente de las y los periodistas.
El Estado avanza en sus formas de criminalización de la protesta, pero también de quienes cubren las protestas, de periodistas, fotógrafos y por supuesto de las defensoras y defensores de Derechos Humanos (DH) que son por excelencia población “incómoda” para el régimen totalitario que se posiciona en la medida en la que se restringen los derechos.
Hace unos días se registró un caso que poco llamó la atención, aunque de fondo entraña una situación de gravedad para la libertad de expresión y que evidencia el afán de criminalizar a periodistas, en tanto que a los protagonistas de los partidos que son señalados constantemente por realizar actos de proselitismo fuera de los calendarios electorales, no sólo no los tocan ni con el pétalo de una rosa, sino que podrían ser considerados para el gabinete si el color de su partido es bien visto en el gobierno federal, como es el caso del ex dirigente del PVEM, Arturo Escobar.
Escobar llegó a la Secretaría de Gobernación (Segob) con una larga lista de antecedentes y señalamientos respecto a actos ilícitos durante las campañas, notas al por mayor lo vinculan con diversas violaciones a las leyes electorales, pero nada sucedió.
En cambio sí sucedió cuando de periodistas se trató. Ahí sí se ejecutó acción rauda y veloz por parte de las autoridades responsables que actuaron de inmediato y continúan en el proceso.
Se dio inicio a procesos penales en contra de periodistas por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, acusados de delitos electorales como la publicación de encuestas durante la llamada “veda electoral”.
Artículo 19, organización que defiende el trabajo de las y los periodistas, ha retomado el caso en el que se ha involucrado a informadores de varios estados del país, especialmente cuatro del estado de Campeche.
Lo que hizo la FEPADE fue, justamente, hacer lo que se le demandaba que hiciera en contra de políticos que se han enriquecido gracias a la impunidad con la que se mueven y cometen actos que claramente violan el Estado de Derecho.
“La FEPADE inició los procesos para la aplicación del artículo 403 fracción XIII del Código Penal Federal, con lo cual se iniciaron acciones penales contra periodistas presuntamente por difundir encuestas en un diario local, donde se desempeñó como editor sin que en realidad tuviera capacidad de decidir la línea o política editorial”, señala Artículo 19.
Personalmente conozco a los periodistas involucrados, al que menciona Artículo 19 especialmente: Joaquín Vargas, compañero de trabajo desde hace varios años, es lo que se conoce como un “periodista de a pie”, el que talachea diariamente en busca de la información y que en su paso por espacios de redacción trabaja hasta las horas de cierre.
Un obrero de la comunicación contra quien el Estado a través de sus fuerzas policiales inició acciones, al parecer igual que contra otros periodistas de otras entidades que aún están resolviendo estas situaciones.
Lo que hay detrás de este hecho es lo que debe preocuparnos, la criminalización de la actividad periodística que arrastra a quienes tienen la tarea diaria de informar y que es contra quienes el Estado ha puesto su fuerza a través de la FEPADE y la PGR.
¿Por qué el Estado ha sido omiso para actuar en contra de Escobedo, flamante funcionario de la Segob, contra quien la sociedad civil ha manifestado y reiterado que no es un interlocutor adecuado, además de no tener ninguna credibilidad por sus antecedentes partidistas gansteriles?
Es de preocuparse que la fuerza del Estado se centre en contra de periodistas y no en contra de los personajes que desde la política violan descaradamente el Estado de Derecho.
Retomando lo que dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “no maten al mensajero”, y esto aplica para las y los periodistas que sólo tienen por delante señalar las cosas que se están haciendo mal y muy mal en el país.
Las y los periodistas no son quienes están haciendo las cosas mal, sólo nos toca escribirlo, aunque crean que callando a quienes escriben es como mejorarán la realidad. Pero ésta seguirá ahí para cuando abran los ojos, empeorando, si no asumen que las cosas andan muy mal.
