En México, una de cada seis mujeres ha sido víctima de violencia sexual alguna vez en su vida. Esa es una cifra que preocupa, igual cuando sabemos que cada cinco minutos se comete una violación en el territorio nacional.
Pero si eso nos parece grave, lo más triste es que de cada 10 denuncias por estos hechos, sólo hubo 2.3 juicios y en no todos la víctima tuvo acceso a la justicia.
Estos datos concentrados en un reportaje de Adriana Navarro Ramírez reflejan la “estadística” del delito, uno que lamentablemente aún mucha gente se pregunta “¿a poco es delito tocarle la chichi a alguien?”.
También están el hostigamiento y abuso sexual cuando se trata de toqueteos y/o exposición a órganos genitales o actos sexuales frente a niñas y niños, cosa cada vez más común por parte de docentes contra sus alumnas y alumnos con la plena complicidad y anuencia de sus supervisores que se protegen las espaldas acallando las denuncias o quejas.
Pero el delito continúa en las páginas o espacios de los medios de comunicación por el desconocimiento de los términos adecuados para proteger los derechos de las víctimas en primer lugar, y confunden abuso con violación, o simplemente pasan por alto el derecho a proteger la identidad de la familia y de los espacios educativos para evitar revictimizar a las niñas y niños afectados.
El problema es que en medio de una sociedad en la que se privilegia la información que venda, difundir la información garantizando la protección de los derechos de las víctimas pasa a segundo plano. Se difunden los nombres de los agresores y con ello se identifica también a la víctima, dando y exhibiendo los detalles públicos de la agresión.
En el caso específico que ha denunciado el Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche sobre el abuso sexual de niñas cometidas por un maestro de cuarto año de primaria, indigna que pese a todas las pruebas y testimonios y una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el juez determine el auto de libertad y sólo dicte sanciones administrativas contra el docente.
Ése es el reflejo de lo que la sociedad piensa y cómo justifica que una niña sea violentada sexualmente, o cómo minimiza el que haya sido abusada sexualmente; es el mismo argumento que justifica que una mujer sea violada, que culpa y las responsabiliza de “provocar” las agresiones sexuales, que esconde y no denuncia, y que niega la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violencia sexual.
Ninguna persona debe ser violentada o abusada sexualmente impunemente, pero en este país se ha naturalizado la violencia desestimando la denuncia, agrediendo en su entorno comunitario a quienes se atreven a denunciar y se les condena a vivir la violencia comunitaria de sus pares que de esa forma silenciosa recriminan a la víctima su atrevimiento de poner en evidencia una sociedad machista que agrede sexualmente.
Los “usos y costumbres” en la sociedad mexicana siguen victimizando, señalando, criticando y cuestionando a las mujeres que se atreven; la vergüenza o el miedo vence a las familias que prefieren callar y permitir que sus hijas sean abusadas sexualmente antes que reconocer que esto está ocurriendo para denunciarlo. Y esa es la peor de todas las formas de violencia que una niña pueda vivir.
Las cifras son alarmantes, pero más debería alarmarnos ser parte de una sociedad cómplice de los agresores, de ser pasivos frente a la violencia sexual contra nuestras niñas y niños en espacios escolares, de no ser capaces de defender y proteger a nuestra niñez.
De justificar que “a fin de cuentas no la violó, sólo la toqueteó”. Y eso sí habla de una sociedad que está pudriéndose en la indiferencia.
Twitter: @argentinamex
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.