Cuando los gobiernos presentan las acciones que llevarán a cabo para atender a determinada población, hacen una asignación presupuestal congruente que permita concretar esas acciones, si no es así, se trata de buenos deseos sin recursos para hacerlos realidad.
En los ámbitos de salud sexual y salud reproductiva, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ha expuesto en foros y otras presentaciones, su interés por reducir los índices de embarazos en adolescentes de manifiesto en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), así como la reducción de la mortalidad materna.
El modelo de financiamiento de la salud en México, tiene dos vías de asignación: 1) Ramo 33 Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud y 2) Ramo 12 de Salud. El primero desde el cual se asignan recursos desde la Secretaría de Hacienda directamente a los gobiernos estatales, y el segundo donde se asignan recursos a programas específicos como el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE), y al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular). Desde estos dos se dispondrá de los recursos necesarios para tomar acciones sobre prevención del embarazo en adolescentes, reducción de la mortalidad materna, salud materna y perinatal, atención a mujeres indígenas, entre otros programas; mismos a los que se ha reducido sustancialmente el presupuesto en el sexenio que está por terminar.
La asignación de recursos a la baja impacta directamente en la atención de las mujeres, las gestantes, de bajos recursos, de zonas rurales e indígenas sobre todo, quienes son las que reciben atención en programas como el Seguro Popular.
La asignación de recursos es lo que permitirá que un hospital cuente con los insumos necesarios para atender a las mujeres, así, las reducciones impactarán en la falta de personal, carencias en infraestructura y medicamentos, entre otros que pueden causar la muerte de una mujer, es decir que no respondan a las principales necesidades de salud de la población afiliada.
La reducción presupuestal en material de la salud sexual y reproductiva de las mujeres es violatoria de los artículos 1 y 4 constitucional, toda vez que, el recorte contraviene el mandato de “promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos”, en específico “el derecho a la protección de la salud” y el acceso a los servicios de salud.
La Coalición por la Salud de las Mujeres llama al gobierno federal a nivelar esos recortes y que el próximo gobierno asuma el principio de asignación progresiva de presupuesto, como mecanismo fundamental para la protección y garantía de parte del Estado del derecho a la salud y los derechos reproductivos.
La transparencia es fundamental, la ciudadanía necesita saber en qué y de qué manera se ejercen los recursos y en dónde impactan los recortes. Con lo analizado hasta ahora, podemos afirmar que la salud de las mujeres no es una prioridad para el gobierno que encabeza EPN.
Es necesario que la salud se ubique como un proyecto de nación y reformar el sistema de salud hacia uno que garantice el derecho a la salud de las mujeres, qué su vida, nuestra vida sea prioridad.
*Responsable del Proyecto de Partería y Presupuesto público en Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
**Coordinadora del Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer A.C, CIMAC. (Daniela Díaz Echeverría y Cirenia Celestino Ortega)