Imposible dejar de comentar las movilizaciones ciudadanas que suceden en Guatemala a partir del día 20, cuando decenas de personas demostraron su indignación y exigieron se juzgue al binomio presidencial por su presunta vinculación en actos corruptos.
Desde entonces se han realizado mítines y marchas en diferentes lugares del país, destacando las realizadas en el parque central capitalino el pasado 25 de abril y el 1 y 2 de mayo.
Una primera reflexión: todas estas acciones podrían contribuir en el imaginario social para motivar la idea de que criticar a las autoridades públicas no es delito ni tarea de especialistas, como tampoco lo es exigir castigo a los copartícipes del sector privado que han corrompido las instituciones del Estado a tal grado que algunas están en bancarrota o dan servicios de pésima calidad.
Es irónico escuchar cómo representantes empresariales llaman a la ciudadanía a manifestar su descontento por las redes de corrupción descubiertas en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); son los mismos que han criminalizado las protestas comunitarias opositoras a la instalación de grandes hidroeléctricas o industrias mineras.
Segunda reflexión: esa calificación contradictoria muestra una doble moral que pretende desconocer o abrogarse en exclusiva para el empresariado un derecho reconocido para todas las personas en la legislación guatemalteca e internacional, de tal manera que esta prerrogativa no se circunscribe para rechazar los robos al fisco hoy investigados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sino incluye la posibilidad de fiscalizar a todos los funcionarios, empresarios, diputados y administradores de justicia, así como de proponer cambios al sistema político que hoy está en crisis.
El despertar de quienes superaron por primera vez el miedo y los prejuicios para salir a la calle es tangible. Sin duda contribuye a las prácticas democráticas la participación de quienes hicieron de lado el conformismo y la displicencia, además ejercieron su libertad de expresión desde diferentes perspectivas a través de distintos medios para visibilizar su indignación y demandas.
Tercera reflexión: la perseverancia de la movilización social y la capacidad de propuesta es en todo caso lo sustancial si se tiene en perspectiva erradicar las opresiones y desigualdades generadas por la concentración del capital, el racismo y la discriminación contra las mujeres.
Aquí recupero lo dicho por una compañera de la publicación feminista LaCuerda: el despertar actual de unos es posible sumarlo a las experiencias de otros, como son las impulsadas durante años por agrupaciones de mujeres, indígenas, campesinas y otras para denunciar el despojo de sus tierras, sus aguas, sus caminos, sus territorios; muchas de ellas han sido reprimidas, por ejemplo en Totonicapán, La Puya, Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia y San Juan Sacatepéquez.
Sería necesario analizar cómo entretejer solidaridades entre quienes a partir de abril manifiestan públicamente su descontento, con aquellas personas organizadas desde tiempo atrás que han protestado sin mucho éxito por los abusos cometidos por funcionarios, finqueros, empresarios e integrantes del crimen organizado.
Ello podría impedir que quienes participan en movilizaciones sociales sean catalogados de desestabilizadores, bochincheros o “terroristas”; pero sobre todo multiplicar fuerzas para encontrar soluciones en beneficio de las mayorías.
*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.Por: Rosalinda Hernández Alarcón.
