Cuando un diputado o diputada sale a expresar una opinión con respecto a un tema, lo hace a sabiendas que no es su opinión personal lo que nos interesa, sino la que tiene a partir de la conciencia de que representa a una población diversa y plural en el Distrito por el cual fue electo o electa, y en el que habrá seguramente mujeres, hombres, de todas las edades, de todas las orientaciones sexuales, de distintos tonos de piel y posición económica derivado de su ingreso.
Y es a esa pluralidad o particularidad de la comunidad votante –única y exclusiva– a quien debe responder.
Es decir, nunca jamás nos ha interesado su opinión personal, si le gusta o no el apio, o si le parece buena o mala idea que las personas decidan casarse con otra de su mismo sexo, si deseen o no adoptar o si quieran o no tener hijos. Las representa, no es su juzgador o juzgadora, los ciudadanos no están bajo el escrutinio. En cambio los representantes democráticos sí.
La democracia que prevalece en México es la representativa, aún falta mucho para que la ciudadanía tome conciencia de la dimensión de ejercer la democracia directa mediante la organización y la participación política.
En tanto conviene tener claro quién es el que debe rendir cuentas y quién sí puede y debe ser “evaluado” y no “juzgado” por sus actos o gustos personales.
Y todo esto se les olvida cuando están ahí, creen que deben representar al jerarca de su Iglesia, precisamente en un Estado laico que no terminan de entender.
En Campeche, como seguramente ocurrió en otros estados, hubo intervención de personajes públicos opinando en torno al matrimonio para todas las personas, más allá de la postura de los Derechos Humanos, la jurisprudencia –creemos que ni siquiera han leído la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, o del sentido común, lo hicieron desde sus perspectivas individuales y creencias particulares.
Independientemente que sus argumentos de fe, como prefiero llamar a las creencias basadas en la práctica de un credo religioso, son desde su propia lógica cristiana de “amor al prójimo”, ser violentas y de exponerse desde un discurso de odio y discriminación, no es esa opinión la que nos interesa ni la que los medios de comunicación tendrían que difundir.
La responsabilidad de las comisiones de Igualdad de Género, de Derechos Humanos y de las Juventudes deben venir con el paquete de la información, la capacitación y el aprendizaje de las y los diputados que las ocupen en materia humanitaria, a fin de entender que éstos ni se consultan, ni se otorgan, sino que forman parte del paquete con el que nace cualquier ser humano y que los Estados están obligados a reconocer, proteger y promover progresivamente, nunca hacia atrás.
Lo que es tan difícil de entender para las personas que ocupan esos cargos es que no es ocioso ni vamos a cuestionar sus dogmas de fe, esos pueden seguir teniéndolos y viviendo con ellos, pero la razón de vivir en un Estado laico es para que se garantice que ellas puedan seguir teniendo esos dogmas y que no un Estado con una afinidad religiosa sea impuesto mañana por algún personaje que se vincule con una práctica y quiera imponerla a todo el país.
Imaginemos que el “gobernador o gobernadora” de un estado es practicante de una fe hinduista o de cualquier otro lugar, lo cual es su derecho, pero lo que no puede –gracias al Estado laico– es imponer esa fe, no puede ser impuesta desde su posición de gobernante al resto de la población.
Eso es lo que permite que en un mismo territorio concilien, coincidan y converjan distintas posturas desde distintos dogmas religiosos o la ausencia de éstos.
Imaginemos un gobernante ateo que impone su visión. Eso se vivió en la época cristera y ya conocemos el resultado de la historia.
De ahí que México tendría que tener la experiencia y conocimiento acerca de lo que ocurre cuando permitimos que sean los fundamentalismos los que gobiernen, y se pierda el respeto a la diversidad y a la libertad que cada persona tiene amparada en el Estado laico.
Ni para perseguir a las personas católicas, ni para perseguir o hacer declaraciones públicas que inciten al odio contra una población a razón de su vida privada que a nadie le debería importar ni afectar.
Cuando se desarrolló un proceso electoral en el que personas bajo partidos o en forma independiente salieron a buscar el voto ciudadano tras exponer sus ideas respecto a ciertos temas, que permitirán a la ciudadanía tener una “idea” sobre sus decisiones, y con base en ello decidieron otorgarle la confianza de ser quien les represente en el mecanismo de la democracia representativa. No se representan a sí mismas.
