Tras ocho mujeres asesinadas en Tula, Hidalgo, el gobernador del estado ha dicho que se hará justicia y que se castigará a los culpables “con todo el rigor de la ley”.
¿Cuáles culpables? ¿Las autoridades que han permitido que se genere un contexto de violencia feminicida en Tula? ¿Y cuál ley? ¿La que no se puede aplicar porque nuestros deshonrosos diputados y diputadas locales se negaron a tipificar el feminicidio?
El 8 de marzo de 2012, anterior Día Internacional de la Mujer, Francisco Olvera anunció con bombo y platillo la tipificación del feminicidio. Casi un año después, no solamente su palabra está incumplida, sino que el Congreso estatal dejó misóginamente pasar la tipificación.
¿Y por qué es tan grave que no se haya tipificado el feminicidio? Porque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) prevé una figura fundamental para combatir el asesinato de mujeres por motivos de género. Esta figura es la Alerta de Violencia de Género (AVG).
Al emitir esa alerta pasa algo similar a cuando ocurre un desastre natural: los fondos federales fluyen especialmente para combatir los estragos causados.
Aun cuando la LGAMVLV no explicita que el feminicidio debe estar tipificado para emitir la AVG, sí dice que dicha alerta “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida”.
Legalmente, en Hidalgo no puede haber violencia feminicida si el término “feminicidio” no existe, aunque maten a ocho mujeres o a miles.
Las entidades de la República con altos índices de feminicidio se han negado a emitir la AVG, para no asumir el costo político de reconocer ante el país que la vida de las mujeres les ha importado muy poco.
Hoy el Congreso de Hidalgo ha hecho lo mismo, utilizó un insultante argumento para no aprobar la tipificación que traería consigo la AVG y los recursos federales necesarios para el combate a fondo contra la violencia extrema hacia las mujeres.
El actual Congreso local pasará a la historia del estado por la violencia feminicida ejercida contra las mujeres. Tuvieron su gran oportunidad de enmendarse con las hidalguenses, luego de casi tres años de legislar sin perspectiva de género, pero en cambio prefirieron seguir con su dinámica misógina.
“No tipificaremos el feminicidio porque en otras entidades no ha servido para nada”, pretextaron. Es decir, como de todas formas no se va a lograr nada, mejor ni nos molestamos. ¿Entonces para qué les pagamos esos sueldazos? ¿Para qué se queden mirando mientras asesinan mujeres?
Negarnos a las hidalguenses el derecho a contar con la tipificación del feminicidio, y cambiarlo por la tomadura de pelo de “asesinatos dolosos contra mujeres” (que cancela la posibilidad de acceder a las herramientas que proporciona la LGAMVLV para combatir el feminicidio), es la prueba de que las y los actuales legisladores locales han cometido lo que la propia Ley de Acceso señala como violencia institucional: “Acciones u omisiones de las y los servidores públicos del Estado y de los municipios que dilaten, obstaculicen o impidan que las mujeres accesen a los medios, al goce de sus derechos o a las políticas públicas necesarias para su desarrollo”.
Aún con la misoginia del Congreso local en contra, queda una pequeña esperanza: que Francisco Olvera al fin cumpla la palabra que nos dio a todas las mujeres el pasado 8 de marzo y desde el Ejecutivo se ordene la modificación del Código Penal que permita la tipificación del feminicidio.
Por un lado, la voluntad política de Olvera pareciera posible cuando se expresa de las mujeres asesinadas en Tula como “víctimas del feminicidio”, pero por otra parte todo pareciera en vano cuando la Secretaría de Seguridad Pública anuncia que ya detuvo a dos presuntos culpables de todos los recientes casos de feminicidio en Tula (¡De los ocho! Sorprendentemente conveniente).
Si nos remitimos al caso de Chihuahua, podemos recordar que las primeras veces que el gobierno de aquel estado fingió tener interés en combatir el feminicidio, agarró como chivo expiatorio al científico egipcio Abdel Latif Sharif, a quien acusó de haber asesinado al menos a 15 mujeres.
“El egipcio” murió en 2006 en prisión, pasó sus últimos 11 años de vida en la cárcel de Chihuahua, pese a que diversos organismos internacionales defensores de Derechos Humanos aseguraron que nunca tuvo acceso a un juicio justo, que fue víctima de tortura y que el cadáver de la única mujer que aparentemente pudieron probarle, no correspondía al de la joven que la policía le acusaba de haber asesinado.
También durante esos 11 años en que “el asesino ya estaba tras las rejas, con lo cual dejarían de aparecer cadáveres de mujeres”, los casos de feminicidio en Juárez se multiplicaron.
Nada deseo más que estar equivocada, que las acciones sin perspectiva de género a las que se comprometió el Congreso del estado sí den frutos, que luego de la detención de los dos presuntos culpables ya no exista ninguna asesinada más, que sin tipificación del feminicidio (ergo, sin recursos federales adicionales) el gobierno del estado ahora sí tendrá voluntad para destinar recursos estatales en acciones que realmente se orienten a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
Ojalá yo sea la mal pensada, la pesimista y la equivocada. Ojalá que la superficialidad con la que las autoridades están actuando frente al feminicidio en Tula, nos alcance para que no exista ni una mujer asesinada más.
Twitter: @taniamezcor