En 2021, las políticas migratorias de las administraciones Biden y López Obrador condenaron a miles de mujeres con necesidades de protección internacional a permanecer atrapadas en las fronteras sur y norte de México, ante la imposibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos o la larga espera, de meses o años, para conocer la resolución de su proceso ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Aunque Biden prometió restaurar el asilo en su país y construir una política migratoria humana, se ha centrado en la aplicación de acciones de disuasión en los países de la región. Desde el inicio de su administración, ha expulsado personas más de 1 millón 100 mil veces, incluidas más de 187 mil expulsiones de madres y padres de familia con hijas e hijos, bajo la política Título 42.
En una clara violación del principio de no devolución, en agosto de 2021 comenzó las devoluciones en cadena, las personas eran expulsadas en vuelos al sur de México (Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas) donde las autoridades migratorias mexicanas las deportaban a la frontera con Guatemala o hasta Honduras. El pasado 2 de diciembre reinstaló el Protocolo “Quédate en México”, que durante la primera vez que estuvo activo, enero 2019 a enero 2021, regresó a casi 73 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos de lado mexicano, 40 por ciento eran mujeres y 33 por ciento niñez. Decenas de mujeres y familias fueron víctimas de actos violentos o la muerte durante su espera en México, sin que hayan podido acceder a la justicia.
México no queda fuera de esas políticas, por el contrario ha facilitado la implementación de las mismas. En 2021, tomó una serie de medidas para intensificar su política migratoria e impedir que las personas llegaran a la frontera con Estados Undios. Restringió el libre tránsito a las personas migrantes y solicitantes de asilo, empujándolas a contratar a traficantes y arriesgándolas a transitar por rutas más peligrosas. Impusó nuevos requisitos de viaje que obliga a las y los ciudadanos de Ecuador, Brasil y Venezuela, sin importar que estén escapando del peligro, a tramitar una visa de turista para ingresar a territorio mexicano.
En los aeropuertos del país, el Instituto Nacional de Migración (INM) negó la entrada a un récord de 72 mil 895 personas extranjeras -más del doble de las rechazadas en 2019 (31 mil 008)-, incluidas aquellas con necesidades de protección internacional. Optó por el nulo fortalecimiento de la Comar, que en 2021 recibió 131 mil 448 solicitudes de asilo, de las cuales 41 por ciento fueron de mujeres y 24 por ciento de niñez y adolescencia, 87 por ciento más de las recibidas en 2019. El INM, la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, realizaron un número sin precedentes de eventos de detención de personas migrantes, 307 mil 679, de los cuales 33 por ciento fueron de mujeres y 25 por ciento de niñez. Además de aceptar participar en las expulsiones bajo Título 42 y en la reinstalación de “Quédate en México”.
En conjunto, las políticas y prácticas de ambos gobiernos obligaron a las mujeres que buscan protección internacional a esperar durante periodos prolongados, con frecuencia, en circunstancias precarias y peligrosas en las fronteras mexicanas. De acuerdo con el reporte “Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021”, la administración de Biden y de López Obrador impidieron a las mujeres y sus familias obtener protección en ambos países, y las condenó y revictimizó al obligarlas a vivir situaciones de violencia.
En vez de sufrir violencia reiterada y excesiva, las mujeres deberían de recibir protección, documentación y acciones que les permitan integrarse a la sociedad. Ninguno de los dos gobiernos carece de mecanismos legales adecuados para evitar estos escenarios, lo que carecen es de voluntad política.
El reporte detalla cómo las mujeres que han escapado de la violencia de sus países son obligadas a vivirla nuevamente en territorio mexicano. Secuestros, extorsiones, violencia de género, agresiones sexuales, separación familiar, falta de acceso a la salud y violencia institucional son algunos de los escenarios que enfrentan como resultado de las políticas migratorias vigentes en ambos países. Los perpetradores casi siempre son autoridades de los diferentes niveles de gobierno, agentes del INM y el crimen organizado, en ningún caso las mujeres han podido acceder a la justicia.
Desde las organizaciones de la sociedad civil se ha insistido a los gobiernos de Estados Unidos y México a eliminar las políticas que dejan a miles de mujeres atrapadas en la incertidumbre y el peligro.
Eliminar las expulsiones bajo Título 42; revertir la reinstalación del Protocolo “Quédate en México”; fortalecer con presupuesto a la Comar; garantizar el acceso a la justicia a las mujeres que han sufrido o que siguen en peligro de violencia en México; detener el uso de la Guardia Nacional y el Ejército en labores de control y contención migratoria; y eliminar las revisiones migratorias en carretera porque son inconstitucionales y basadas en perfilamientos raciales, son algunas de las recomendaciones, todas, viables y posibles si los gobiernos apostarán por la protección y no la contención.