La debida diligencia contra el tráfico de influencias

Desgraciadamente se trata de la generalidad. Es imposible voltear hacia uno y otro lado sin que la complicidad y la corrupción resulten ser la causa principal de la mayoría de los grandes problemas de México, trátese de inseguridad, narcotráfico, despojo de tierras a campesinos, falta de medicinas, corrupción, etcétera, y, desde luego, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual no es la excepción.

En este país pueden pasar meses o años sin que la justicia se aplique, aunque las y los defensores y víctimas sigamos al pie de la letra lo que estipula la ley.

Este es el caso de Esperanza, a quien hemos llamado así quizá para invocar las buenas noticias que por el momento no llegan.

Hace unos años, Esperanza era una estudiante universitaria nacida en un país latinoamericano, con dificultades para pagar sus estudios y con una deuda inmensa de hospital por un infarto que sufrió un familiar. Le dijeron de un lugar en México en el que estaban contratando “bailarinas” sobre el escenario, con excelente paga.

Luego de haber enviado las fotos requeridas, su contacto le pagó el boleto sencillo de avión para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se tenía que presentar con atuendo sobrio para no llamar la atención.

Fue llevada directamente a Estocolmo 14, en la Zona Rosa, donde fue entrevistada por Laura Rocha, Alejandra de Pavia y Claudia Sánchez.

La enviaron a trabajar a “The Butchers Club”. Durante las primeras horas de la noche tenía que usar vestido largo de coctel y ya más tarde vestido corto. Poco tiempo pasó para que Esperanza cayera en la cuenta de que no iba a desempeñar un trabajo común, sino que la estaban prostituyendo y que tenía que cumplir con una cuota diaria de copas, privados y servicios sexuales.

Se tuvo que someter al régimen de cobros de este burdel disfrazado de restaurante con show. Por ejemplo, estaba obligada a cobrar los privados (60 por semana, obligatoriamente), a través de un sistema de boletos; cada boleto tenía un valor de 290 pesos y cada baile costaba cierto número de boletos.

Además debía colocar el mayor número de bebidas alcohólicas; no tenía permitido recibir propinas y debía acceder a todo lo que el cliente deseara, incluyendo sexo y/o sexo sin protección.

Al principio notó que en su misma situación había al menos otras 50 jóvenes. Después se dio cuenta de que estaban llegando más extranjeras: colombianas, venezolanas, rusas. Las más jóvenes, de 18 o 19 años de edad en promedio. Tiempo después fue transferida al “Solid Gold”, donde trabajó junto con rusas, ucranianas, estonias y lituanas, en cantidad mayor que el sitio previo.

Esperanza narró ante la autoridad que los dueños de estos lugares también organizaban fiestas privadas en las que las jóvenes –como mercancía– eran puestas a disposición de los invitados, todos ellos de las más altas esferas del poder en México.

Esperanza y otras mujeres fueron rescatadas en un operativo en 2013. Varias de sus compañeras han sido repatriadas, aunque ella ha decidido permanecer a una distancia prudente de México para continuar con el proceso jurídico y obtener justicia.

A la fecha varias mujeres y hombres y la que ayudaba a administrar a las jóvenes están en penales federales. Las mujeres están presas en el penal federal de Nayarit por el delito de trata y explotación de la prostitución ajena y delincuencia organizada, y hay dos órdenes de aprehensión por ejecutar.

Ninguno de los detenidos son los dueños, sino empleados. Las órdenes de aprehensión contra los propietarios siguen en suspenso… El expediente no se ha consignado contra los peces más gordos del caso, quienes en realidad se enriquecían gracias a la explotación de las mujeres. La debida diligencia ha esperado para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas.

La respuesta a esta inocente lentitud por parte de la autoridad se encuentra directamente relacionada con el nombre del principal abogado defensor de los dueños de estas casas de prostitución: Antonio Lozano Gracia, procurador general de la República durante la administración de Ernesto Zedillo.

Lozano es socio de un bufete jurídico que lleva su nombre; en su página web puede leerse: “Nuestra firma fue fundada en el año 2003 por profesionistas que hemos desempeñado importantes cargos en el servicio público en los tres órdenes de gobierno; ahora, desde el ejercicio libre de la profesión, continuamos comprometidos en la construcción de un mejor país...”, y yo diría de la doble moral, ya que defienden a presuntos tratantes y explotadores de mujeres.

Lozano Gracia trabaja de la mano con otros prominentes abogados que también han tenido puestos notables en la administración pública, como Arturo Chávez Chávez (también ex procurador general de la República, entre otros cargos de primer nivel); Gilberto Hershberger Reyes (subsecretario y subprocurador de la Reforma Agraria); Julián Angulo Góngora (ex diputado federal, miembro activo del PAN); o Francisco Cuevas Godínez (ex presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa).

¿Sería ilógico pensar que el retraso en la ejecución de dos órdenes de aprehensión y la consignación de los dueños de antros que prostituyeron a más de 100 mujeres durante varios años se debe al tráfico de influencias de Lozano Gracia y sus socios para obtener un tratamiento preferencial?

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, vigente en nuestro país, fue ideada, entre otras cosas, para brindar justicia pronta y expedita a las víctimas, y ajustarse a principios como los incluidos en su artículo tercero, fracción V, que habla de la debida diligencia:

“Obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de los delitos previstos por esta ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos…”.

En una situación así, en que durante varios años se permitió la trata y explotación de más de 100 mujeres; donde el bufete defensor de los proxenetas y tratantes cuenta con amplias relaciones para frenar cualquier acción de la justicia, ¿qué pueden esperar las víctimas?

¿Es o no discurso vacío el supuesto interés de la autoridad por el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y la cercanía de la Procuraduría General de la República con las víctimas?

Por eso digo que quien ya se ha desempeñado como procurador o procuradora general de la República o fiscal general de la Nación debería quedar impedido de litigar en materia penal, porque se presta a tráfico de influencias.