Durante febrero de 2014, la jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Paula María García Villegas, ordenó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) credencializar a un grupo de al menos 35 mujeres en condición de explotación sexual comercial, para acreditarlas como trabajadoras no asalariadas con el supuesto fin de que puedan laborar en puntos determinados de la vía pública sin ser extorsionadas ni remitidas a un juez cívico, según informó la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) del DF.
Esta decisión tuvo su raíz en la promoción de un juicio de amparo por parte de las mismas mujeres, manejadas por una organización avecindada en La Merced, representadas por el bufete jurídico Tierra y Libertad. Resolución que no fue combatida por el GDF, a pesar de asegurar que su política sobre este problema no ha cambiado.
Desgraciadamente y para el perjuicio de sus habitantes, en México abundan ejemplos de este tipo en acciones y decisiones tomadas por la autoridad que en un primer momento hacen parecer como benéfica una medida que, si es vista a la luz de la información y los acontecimientos en países donde se ha dado esta reglamentación –y no de la ignorancia–, demuestran el tremendo daño que hacen a las mujeres y el grave retroceso en el respeto a sus derechos.
Tenemos ante nosotros una clara muestra de ignorancia, dolo o algún otro interés –que no nos queda muy claro– respecto de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aprobada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por nuestro país desde 1981, y de la cual México es Estado Parte.
No debemos olvidar que se trata de un instrumento jurídicamente vinculante para México, sus tres poderes y sus tres órdenes de gobierno y que, a partir de la reforma al artículo primero constitucional de 2011 pasa a ser parte de la normativa nacional de nuestro país.
Recordemos que la CEDAW, en su artículo 6, establece que “los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
¿Esta credencial es entonces una forma de protección o, por el contrario, un acto de aceptación y reglamentación de un delito? La resolución de la jueza García Villegas contraviene a la CEDAW en su artículo 6.
¿De qué manera la credencialización suprime la explotación de la prostitución en el DF? ¿Hasta qué punto podemos hablar de prostitución “voluntaria” en un contexto social adverso en el que mujeres y niñas –no sólo de la Ciudad de México, ya que también proceden de otros estados de la República y Centroamérica– no tienen acceso a servicios básicos, educación, empleo y seguridad?
Especialmente la Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW establece que los Estados Partes, al examinar sus leyes y políticas, deben tomar en cuenta una serie de observaciones respecto a la violencia contra las mujeres, tales como: combatir la pobreza y el desempleo porque aumentan las oportunidades para la trata de mujeres y las obliga (incluso a las niñas) a ejercer la prostitución.
También se ordena capacitar a los funcionarios judiciales y a los encargados de hacer cumplir la ley para lograr la aplicación efectiva de la Convención; así como adoptar medidas preventivas y punitivas concretas para eliminar la trata de mujeres y la explotación sexual, entre muchas otras.
Es así que, a pesar de que contamos con tratados internacionales, éstos se ignoran al momento de resolver amparos, causas, demandas, e inclusive al momento de elaborar leyes, poniéndolas al servicio del patriarcado en una sociedad como la mexicana que no toca ni con el pétalo de una rosa a los demandantes de prostitución.
Recordemos que sin demanda, no hay oferta. Y vemos con mucha decepción que en lugar de respetar la jerarquía de leyes, se convierte a la Ciudad de México en cómplice de la explotación de la prostitución ajena, reglamentando el negocio de tratantes y lenones.
Y es que la credencialización de estas mujeres en condición de explotación sexual en el DF no es el único ejemplo de ignorancia por parte del Estado. Más que emblemático por el grado de impunidad en el que se ha mantenido, se encuentra el caso del ex dirigente del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
A la fecha, no sólo ha librado varios procesos para fincarle responsabilidades (como la increíble exoneración que le otorgó el Instituto Electoral del DF en agosto pasado por utilizar recursos del partido para sostener a un grupo de edecanes/asistentes administrativas en su nómina) –que afortunadamente ya fue revertida–, sino que las mujeres que fueron víctimas de su sistema de reclutamiento no han accedido a la justicia.
Esto, sin olvidar que Sandra Esther Vaca Cortés, quien fuera su secretaria particular (y responsable de dar el visto bueno a las mujeres reclutadas y que administraba los turnos para brindarle servicios sexuales a Gutiérrez de la Torre), se registró como aspirante a diputada local por Iztapalapa.
No ha importado que este caso se encuentre debidamente fundamentado, y de acuerdo con el desempeño de las autoridades, tampoco ha importado la existencia de instrumentos como la CEDAW.
Aún peor, ahora que se aproximan las elecciones, un diputado local del PRD, ignorando la jerarquía de las leyes y las reiteradas observaciones que el Comité de la CEDAW le ha hecho a nuestro país, interpone una iniciativa para reglamentar la prostitución por tercera Legislatura consecutiva, propuesta profundamente machista y patriarcal, que deja ver que más nos vale fijarnos a quiénes postulan los partidos y a quiénes les damos el voto.
Inclusive la referida resolución de la jueza García Villegas y la iniciativa recientemente presentada en la Asamblea Legislativa del DF también contravienen la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a sus Víctimas, jerárquicamente superior a cualquier ley del DF. Dudo mucho que sea ignorancia…