Por una Constitución democrática, popular, ciudadana y feminista

En 1997, las y los habitantes del entonces Distrito Federal logramos la culminación de un largo proceso democrático a través del cual, entre otras cosas, conquistamos el derecho a elegir a nuestras o nuestros propios gobernantes a través del voto libre y secreto.

A partir de entonces, se aceleraron nuestras conquistas, por ejemplo, fue el Distrito Federal el primero en contar con una red de Unidades para atender la Violencia Familiar; la Ley Robles, que posibilitó cinco causales para el aborto y más adelante, hace nueve años, la despenalización de las mujeres y adolescentes que deciden abortar a través de la interrupción legal del embarazo.

También tenemos la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal, entre otras que marcan, sin duda, un antecedente histórico de la lucha feminista.

Nadie nos ha regalado nada, lo hemos tenido que pelear palmo a palmo y en lugar de dotar los derechos sociales, económicos y culturales de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, se ha implementado una serie de políticas populistas que no corrigen las causas estructurales, ni la falta de oportunidades, ni la pobreza que padece el 60 por ciento de la población de esta ciudad.

En los últimos años, las mujeres y las niñas hemos visto cada vez más limitados nuestros derechos debido a un terrible contexto de inseguridad nunca antes visto en esta ciudad, donde el crimen organizado ha podido penetrar a sus anchas con la permisiva protección de autoridades corruptas.

Más de 6 mil 500 mujeres han desaparecido en los últimos años en la Ciudad de México, según arrojaron las respuestas a solicitudes de información ingresadas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), según informó el Observatorio contra la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y el Centro Antonio Montesinos (CAM). Casi mil por año.

No sabemos en dónde están estas mujeres y niñas, no sabemos si fueron víctimas de trata o de cualquiera de las formas de explotación, esclavitud o servidumbre; si fueron víctimas de feminicidio; si alguien las busca o si fueron enviadas a una fosa común.

CAPEA y la PGJDF son puntos neurálgicos donde no se respetan los derechos de las mujeres, ni se actúa con la debida diligencia.

Esta situación se agravará con la implementación del nuevo sistema penal adversarial y oral, que resulta un parche del sistema penal del “common law” y más garantista de los derechos de los acusados que el anterior, a pesar de que nos argumenten que equilibra los derechos de los procesados y de las víctimas.

Ni jueces, ni ministerios públicos, ni policías están capacitados para implementar este modelo de justicia penal.

Con la reciente publicación del decreto que convierte al DF en Ciudad de México da inicio el proceso de conformación de la Asamblea Constituyente que culminará con el texto definitivo de la Constitución local. Para ello, las y los capitalinos acudiremos a las urnas el próximo 5 junio para elegir a 60 de 100 diputadas y diputados, que tendrán la encomienda de aprobar dicha Constitución.

El proceso que se ha determinado para esta elección vulnera la soberanía popular, limita nuestra participación en el proceso rumbo a la elección de únicamente el 60 por ciento de las personas que integrarán la Asamblea Constituyente, negándonos además el derecho como pueblo de aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución.

La conquista de los Derechos Humanos (DH) de la población femenina y el avance hacia la igualdad sustantiva es una lucha histórica de las mujeres. La primera Constitución de la Ciudad de México debe garantizar los DH plenos de las mujeres, derechos conquistados y que no pueden ser excluidos de la letra y el espíritu constitucional.

Por todo lo anterior, el pasado 19 de enero participamos en el Primer Encuentro de Mujeres CDMX rumbo a la Constituyente: Por una Constitución democrática, popular, ciudadana y feminista, que reunió a más de 820 mujeres y 420 ponencias de jóvenes, indígenas, adultas mayores, empresarias, trans y activistas en general.

A partir de este encuentro habremos de generar procesos organizativos, informativos y en determinado caso de movilización, para exigir que tanto el grupo como la Asamblea Constituyente hagan caso del principio de progresividad en el derecho, la diversidad en los diferentes espacios, la paridad, la despatriarcalización y la igualdad sustantiva.

Desde la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe nos declaramos a favor de una Constitución democrática, popular, ciudadana y feminista.

No permitiremos que se limite nuestra participación en el proceso constituyente porque somos parte de la conquista por la igualdad de género en la Ciudad de México, y exigimos el derecho de aprobar o rechazar la nueva Constitución, porque hoy más que nunca se encuentran vivas las letras de nuestro artículo 39 constitucional que señala claramente:

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Exigimos la conformación paritaria de la Constituyente porque es la única garantía de que no se dará marcha atrás en los derechos de las mujeres ya conquistados.

Es una lucha histórica en la que muchas de nosotras hemos dejado gran parte de nuestra vida, y eso no puede quedar excluido de la nueva Constitución, que debe reflejar todo lo que somos y lo que aspiramos a ser como humanas y ciudadanas libres de violencia, tal como lo garantizan las leyes nacionales y los tratados internacionales en la materia.

Por una Constitución democrática, popular, ciudadana y feminista. ¡Que vivan las mujeres y las niñas de la Ciudad de México!