La semana pasada la nueva Legislatura en el estado de Sonora estuvo muy ocupada con iniciativas y propuestas para favorecer el avance de las mujeres, y las estructuras que se han creado para instrumentar las políticas públicas.
En este año electoral la 61 Legislatura local sería la primera con el principio de paridad de género en los hechos, ya que por resultados de elecciones y por disposición del Instituto Estatal Electoral para designar las curules de representación proporcional, las diputadas ascenderían a 16, mientras que los hombres llegarían a 17.
Por años las mujeres habían peleado una legislación que las favoreciera para ocupar en igualdad de derechos la mitad de los puestos de elección popular, pero los “candados” que contenía la propia ley nunca habían permitido lograrlo.
Aunado a esto, la acción afirmativa que tomó el órgano electoral de designar las diputaciones plurinominales tomando en cuenta el principio de paridad dio pie a que por primera vez las mujeres tuvieran una real posibilidad de ejercer ese derecho político.
Sin embargo, por varias impugnaciones que finalmente se resolvieron a favor de los demandantes, tres mujeres fueron retiradas de las diputaciones, para dar paso a otros tantos varones. El Congreso local quedó entonces conformado por 13 mujeres y 20 hombres.
De ahí que aún sin ser la mitad, las 13 mujeres que hoy ejercen como diputadas locales en Sonora hayan iniciado de inmediato con propuestas a favor de la población femenina. Pero no sólo ellas, dos de sus compañeros varones han hecho lo propio.
Uno de ellos es quien impugnó a una de sus compañeras del PRD, quien por el principio de paridad ocuparía una curul de representación proporcional para ese partido, siendo beneficiado con la resolución en la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dándole la razón como afectado en sus derechos políticos, con lo que se quedó sin curul Myrna Leyva Pérez, de Nogales.
LAS PROPUESTAS
Quien primeramente tomó la palabra para solicitar un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de justicia –investigadoras y juzgadoras–, fue la diputada Brenda Elizabeth Jaime Montoya, quien promovió que la Legislatura haga un exhorto al procurador general de Justicia del Estado, al secretario de Seguridad Pública del estado, a las instituciones de prevención, procuración y administración de justicia, para reforzar los programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en especial el delito de feminicidio.
La legisladora representa a un distrito electoral de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, donde las mujeres organizadas han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) por la incidencia de feminicidio en la región, en forma cruel, constante, y por los casos emblemáticos no resueltos por los que han venido manifestándose.
La propuesta de la diputada abona a la exigencia ciudadana de la AVG, y a la gestión de la directora del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), Esther Salas Reátiga, ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que, en caso de que se logre la declaratoria de AVG en Cajeme, ésta se amplíe a otros cinco municipios de Sonora.
Después vino la propuesta de la diputada Angélica Payán García, ex directora del ISM, y actual presidenta de la Comisión de Asuntos de Equidad de Género. Fue el pasado 8 de octubre cuando Payán García, invocando a la CEDAW y a la Constitución mexicana, argumentaba que el Derecho Humano (DH) a la igualdad incluye el derecho de las mujeres a no ser discriminadas.
Esto implica que los Estados miembro de la ONU están obligados a eliminar todos los estándares masculinos, raciales y etarios, entre otros, que resulten discriminatorios para las mujeres.
Con esa exposición, Angélica Payán presentó la iniciativa a la 61 Legislatura para cambiar el nombre de la comisión que preside y modificar la fracción XIX del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Sonora, y llamarla Comisión de Igualdad de Género. La iniciativa fue votada a favor en el pleno por unanimidad.
Pero hubo otras dos iniciativas importantes que podrían favorecerla igualdad entre los sexos en Sonora. La primera es del diputado perredista Juan José Lam Angulo, quien ocupa la curul por impugnación a Myrna Leyva, con lo cual se afectó la paridad.
Lam Angulo presentó la iniciativa para crear la Secretaría de la Mujer, misma que sustituiría al actual ISM. El diputado argumentó que se trata de dar el mismo nivel que tienen otras secretarías del estado, para que cuente con su propio presupuesto, tome sus propias decisiones, y se vea de tú a tú con los otros secretarios.
La iniciativa turnada a comisiones se agrega a las propuestas que han hecho legisladoras anteriores para crear la instancia de la mujer por ley, pues actualmente opera por decreto del gobernador Armando López Nogales de 13 de octubre de 1998 y depende directamente de la Secretaría de Gobierno.
Finalmente y de trascendencia incuestionable es la iniciativa de reforma a la Constitución Política del estado de Sonora, del diputado Carlos Alberto León García, para modificar el lenguaje del texto constitucional por uno más incluyente.
La propuesta que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, modifica el inicio de la Constitución que dice: “Los derechos del hombre y garantías”, por “Los derechos de las personas”.
Un agregado propuesto derivado de la reforma constitucional en Derechos Humanos es “las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Todas las frases en las que se habla de “Los funcionarios” cambian para incluir lenguaje no sexista y de DH. La propuesta de ley reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de Sonora en materia de DH.
El texto anterior se conserva: “En el Estado de Sonora queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra...”.
Y agrega: “…que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Si bien es plausible la iniciativa para hacer incluyente el texto de la Constitución de Sonora, pues desde su inicio es sexista y machista, al tomar en cuenta sólo al hombre como sujeto de DH, es sumamente preocupante que el legislador no haya pensado en los derechos y libertades de las mujeres, como está enunciado en el último párrafo de su propuesta.
Desde el 23 de octubre de 2008 las mujeres en Sonora fueron blanco de una violencia legislativa cuando se reformó, sin tomarlas en cuenta, el artículo primero constitucional para dar derechos de persona nacida al embrión que inicia en su útero. “Se reputa como nacido” fue la declaratoria que condena a las mujeres a ser criminalizadas cuando deciden interrumpir su embarazo.
Siete años han pasado desde entonces y las historias de horror se cuentan por todos lados. Antes de la reforma constitucional a nadie le importaba si una mujer decidía abortar. Pero a raíz de la reforma criminalizadora, personal de salud, médicos particulares, y hasta familiares se ven obligados a denunciar ante el Ministerio Público a las mujeres que osan decidir sobre su cuerpo interrumpiendo el embarazo no deseado.
El diputado León García ha querido hacer incluyente la Constitución, pues bien, es el momento de que lo haga y que también proponga a sus compañeras y compañeros diputados que se reforme el artículo primero también para eliminar la aberración jurídica que da derechos a un embrión, por sobre los derechos de las mujeres nacidas, vivas, en pleno ejercicio de su ciudadanía.
Anualmente son denunciadas entre tres y seis mujeres en Sonora por interrumpir o intentar interrumpir el embarazo. Algunas han sido sentenciadas como si hubieran cometido homicidio. La Constitución es injusta con las mujeres en Sonora. Pero lo más preocupante es que la Legislatura 61 tiene en sus manos resarcir las libertades y derechos reproductivos de las mujeres.
De nada vale incluirlas en el texto, nombrarlas, si no desaparece la disposición que las criminaliza. No nos sirve ser nombradas en el papel si somos tratadas como seres inferiores, sin poder de decisión, o peor aún incapaces de tomar decisiones por nosotras mismas y son otros quienes tienen que tomarlas por nosotras.
