Derecho de asociación y negociación colectiva; voto secreto y democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas en los Sindicatos y contratación colectiva. Tal vez el punto más importante es que se tendrá que poner a consulta de los trabajadores el contrato colectivo. Eso nunca se había legislado.
La consulta será por voto libre, personal y secreto, bastará mayoría simple para aprobarlo. Si el contrato no pasa, el sindicato puede ir a huelga (si había emplazamiento) o prorrogar la negociación. Sólo se permite voto directo para elección de dirigencias sindicales. Ya no se contempla voto indirecto, por medio de delegados seleccionados previamente. La elección de Secretario General es independiente a las de delegados para congresos o convenciones,
Desaparecerán las Juntas de Conciliación y Arbitraje para crear tribunales y el Centro de Conciliación y Registro Laboral(CFCRL).
Obligación de pagar cuotas al IMSS por trabajadores del hogar, hasta que el IMSS implemente un sistema para ello. Un acto de justicia social con las mujeres que realizan este trabajo, sin embargo en esta primera fase no tendrán acceso al Infonavit.
Todos los contratos colectivos tendrán que ser revisados al menos una vez en los cuatro años siguientes a la publicación de la reforma. Si el CFCRL aún no opera, la STPS verificará que se consulte a los trabajadores.
Voto Universal y libre para elegir líderes. Derechos Humanos y paridad de género. Igualdad y no discriminación. Multa a Mineras que provoquen un riesgo de trabajo o la muerte de un trabajador.
Por fin ya existe la posibilidad de que las trabajadoras del país cuenten con un reforma laboral que les represente la posibilidad de avanzar hacía un nuevo y mejor modelo laboral, el reclamo general es: Justicia laboral.
Esto es producto de varios factores: el trabajo esforzado de los grupos de sindicatos independientes, destacados abogados y académicos laboristas y la presión de lo partidos políticos (algunos a favor y otros en contra).
Pero en especial de las luchas obreras que se han tenido en México desde los años 60, con cárcel y represión pero que dejaron muy claro que “a las personas trabajadoras nadie nos ha regalado nada”.
Eso es en cuanto a lo que podríamos llamar los factores internos, en lo externo básicamente está el Anexo 23 o Capítulo laboral del tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá (T-Mec), próximo a firmarse.
Un papel trascendental en este proceso es la posición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha presionado para que las condiciones laborales en México mejoren, avancen y se pueda acceder a un salario digno. Este Organismo se ha nutrido de la información que le han venido proporcionando (quejas), los Sindicatos independientes del país, que los hay.
La presión externa incluye a los Sindicatos de Canadá y desde luego de Estados Unidos, los más importantes forman parte del Partido Demócrata, de ahí que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, expresó que los legisladores no deberían respaldar ningún acuerdo en reemplazo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a menos de que México apruebe una ley que proteja los derechos laborales.
El anexo 23 del T-MEC plantea, entre otras cosas, prohibir la injerencia de los empleadores en los sindicatos, prever elecciones sindicales gratuitas que se produzcan mediante una votación secreta y exigir que la mayoría de los trabajadores cubiertos apruebe las revisiones de los acuerdos de negociación colectiva. Además, el anexo 23 estipula que el hecho de que México no haya promulgado dicha legislación a principios del 2019 podría impedir la entrada en vigor del T-MEC.
Para México es importante lograr la firma de este acuerdo antes de que inicie el proceso de elecciones en Estados Unidos, porque seguramente para Trump México será su piñata de campaña.
En esencia lo que desde hace tiempo está en tela de juicio es la competencia “desleal” de México, producto de una simbiótica y nefasta combinación: cero derechos laborales y salarios miserables.
Varios son los actores cómplices: el propio gobierno y su “política laboral”, por llamarla de alguna manera; la corrupción sindical; los contratos de protección y cero democracia sindical. Además de que el número de trabajadoras y trabajadoras sindicalizadas está en franca caída.
A este panorama impresentable se suma la terciarización, que se traduce en muy bajos salarios, cero derechos laborales para los y las trabajadoras, evasión de impuestos y fraude al IMSS.
Este procedimiento para contratar personal a través de un tercero o tercera empresa está reglamentado en el Artículo 15 (A y B) de la LFT, pero las empresas nacionales y transnacionales incumplen o hacen caso omiso a esta norma y la terciarización está en todas las actividades económicas, sin ningún freno. Hasta ahorita no se ha incluido en la reforma laboral, ya que el partido Morena lo retiro de su propuesta.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, defendió que el mecanismo de outsourcing en la contratación de trabajadores en México se debe reformar mas no desaparecer.
El pasado 11 de abril la Cámara de Diputados aprobó una minuta que se turnó al Senado, ahí la Comisión del trabajo tambiédel Senadocinidos porque aqhi sido, ahe su propuestaral.
n o hacen caso omiso a esta norma y la terciarizacinidos porque aqhi sin se aprobó y ya pasó al pleno del Senado. Ahí quedó aprobado, en lo general, el dictamen de reforma laboral con 120 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones; votación que se logró bajo el compromiso de que se revisarán, en el corto plazo, los temas pendientes.
Por más de cinco horas se prolongó la discusión de los 93 artículos reservados que pretendían modificar legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y PVEM; sin que ninguno fuera admitido y cuya votación final fue de 70 a favor, 50 en contra y cero abstenciones.
Ahora bien es facultad del Senado el artículo 132 de la LFT (Ley federal del Trabajo). que a la letra dice: “es obligación de los patrones implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual”.
El artículo 378 además prohíbe estas conductas al interior de los sindicatos. También se pretende que en los casos de acoso, discriminación y hostigamiento, en fin violencia laboral se evitará encarar a víctima y agresor como actualmente sucede.
En general esta reforma laboral tiene importantes beneficios para las trabajadoras: el voto libre y secreto, poder decidir a que Sindicato afiliarse, ya no será obligatorio que se afilie en el Sindicato Patronal, actualmente si no lo hace pierde su empleo. Contar con una instancia como el Centro de Conciliación y Registro Laboral(CFCRL), la justicia laboral en la instancia jurídica. Todo ello era indispensable desde hace veinte años o más.
Aprobada la reforma inicia un proceso que se puede definir en dos grandes planos: la parte operativa y sus dificultades y sobre todo el segundo plano, la negociación y conciliación con los actores políticos y económicos (partidos y sindicatos de empresarios y de personas trabajadoras).
Lo más elemental para aterrizar en el plano operativo son recursos para este Organismo autónomo que tendrá representaciones en todo el país y fundamentalmente capacitación al sistema judicial, para que puedan aplicar la justicia laboral en tiempo y forma.
En cuanto a lo que se puede denominar concertación política y resistencias, por supuesto está la CTM que es la central obrera que cuenta con más contratos de protección y no fácilmente los va a soltar, le representan un jugoso negocio; democratizar la vida sindical no es en automático, conlleva un proceso nada sencillo. El corporativismo sindical también será sacudido.
Los beneficios no sólo serán para las trabajadoras formales, también para las informales pero de manera indirecta. Siempre y cuando esta reforma “oficializada” en un decreto o nueva Ley Federal del Trabajo se difunda de Sonora a Yucatán. Es indispensable que se inicie una amplia campaña de difusión y divulgación, donde se haga una detallada explicación de todos y cada uno de las modificaciones que contiene. ¡Que las trabajadoras conozcan sus derechos laborales!, es la consigna.
En una segunda etapa será necesario incorporar al Infonavit (derecho a la vivienda) a las trabajadoras del hogar y revisar cuidadosamente lo concerniente a la violencia laboral de que son objeto actualmente las trabajadoras, bajo la consigna de cero tolerancia a la violencia laboral. Generar conciencia en la clase trabajadora de que esta conducta no debe ser permitida y se convierte en un riesgo de trabajo.
Se inicia una nueva etapa en la vida laboral del país, un pendiente de elemental justicia social para los y las trabajadoras. (Carmen R. Ponce Meléndez)
