En 2021, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, de los 307 mil 679 eventos de detención migratoria en el país, 75 mil 592 (43 por ciento niñas y 57 por ciento niños) fueron de niñez y adolescentes migrantes, la mayoría provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil. Mientras que datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) señalan que durante ese mismo año 31 mil 688 menores de edad solicitaron asilo. De acuerdo con UNICEF, en el continente americano las niñas, niños y adolescentes de 0 a 19 años representan 23 por ciento del total de la población migrante internacional de la región. La adolescencia de 15 y 19 años representa 39 por ciento y la niñez de 0 a 4 años 13 por ciento.
90 por ciento de esta niñez y adolescencia provienen de países con altos indices de violencia de género y pocas acciones gubernamentales para atender y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, aunado a sistemas economicos y sociales precarios que los colocan con pocas posibilidades de acceder, por ejemplo a la educación.
En el caso de las niñas y las adolescentes, la exclusión hace una distribución desigual de la comida, la salud, la educación y la carga de trabajo en el hogar. Desde muy pequeñas son víctimas de violencia familiar, en algunos casos esta situación las orilla a casarse a temprana edad donde también encuentran abusos, control y violencia por parte de sus parejas.
El acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva es limitado. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 1 de cada 4 adolscentes es madre, con implicaciones importantes en su trayectoria de vida como el abandono escolar y dificultades para su inserción en el mercado laboral. Las niñas y las adolescentes se convierten tanto en territorio de venganza como de desprecio por parte de los grupos criminales. Estos contextos empujan a las niñas y las adolescentes a salir de sus países, situaciones que cruzan con la reunificación familiar, ataques a sus familias o amenazas directas por parte de pandillas o bandas del crimen organizado y búsqueda de mejores condiciones de vida.
Centroamérica sigue siendo la región con los más altos niveles de violencia proveniente de grupos delictivos organizados, incluyendo un aumento sin precedentes en los índices de homicidios, violencia sexual, desapariciones, reclutamiento forzado en las pandillas y extorsión. Entre los perfiles de las personas que huyen de estos países se encuentran: personas percibidas por las maras como resistentes a su autoridad territorial, personas con profesión o posición susceptible de extorsión, informantes, testigos o víctimas de delito, grupos del crimen organizado o fuerzas de seguridad, familiares o dependientes de miembros de la mara, o grupos del crimen organizado, habitantes del área de operación de la mara u otros percibidos como simpatizantes, exmiembros de las pandillas, desertores, y miembros de la comunidad LGBTIQ+, entre otros.
La respuesta del Estado mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), a la migración de la niñez y la adolescencia ha sido la detención y deportación. Sin embargo, luego de la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014 y la armonización con la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en noviembre de 2020, que entró en vigor en enero de 2021, donde se prohíbe la detención de niñez y adolescencia migrante y sus familias, las detenciones y deportaciones sin una evaluación del Interés Superior de la Niñez no deberían continuar.
En el último año, México ha intentado conciliar sus compromisos de contener la migración y proteger a la niñez y la adolescencia migrante, pero no lo ha logrado. Por un lado, aceptó facilitar el cierre del sistema de asilo estadounidense a través de la política Título 42 y el Protocolo “Quédate en México”; y por otro, mantiene la militarización de las fronteras con más de 27 mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, desplegados para labores de contención migratoria, además del poco fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la apertura de Centros de Asistencia Social sin las condiciones para atender a la niñez y la adolescencia y supeditando la política migratoria de contención y securitización al Interés Superior de la Niñez en los Planes de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Aunque existen algunos esfuerzos por proteger a la niñez y la adolescencia migrante como la creación, en 2019, de la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de migración del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), no es suficiente. Es urgente transitar del papel a la acción y generar cambios no sólo en la legislación sino también en las autoridades y en la forma en que gestionan la migración de la niñez y la adolescencia -desde una visión adultocentrista, discriminatoria, racista y xenófoba-. Debemos apostar a pasar de una política que contiene, detiene y deporta, a una que protege y garantiza las mejores condiciones para el desarrollo de la niñez y la adolescencia migrante, ya sea en México o en un tercer país.
En unos días se celebrará el Día de la Niña y el Niño y mientras que para algunos será un día de risas, regalos y caramelos, para la niñez migrante será un día más de tránsito, de detención, de regreso a situaciones de riesgo en su país, porque al Estado mexicano se le olvidó que antes de ser migrantes son niñas y niños, resilientes, con sueños, con esperanzas y con el derecho a una vida digna y libre de violencia.
*Formación e Incidencia, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)