Conocer la realidad que viven jueces y juezas comprometidas con la aplicación de la justicia en Guatemala, demuestra el panorama aterrador de lo que sucede cuando el Estado de una nación ha sido cooptado por estructuras mafiosas involucradas en hechos de corrupción y saqueo.
Las redes fraguadas por estas estructuras, además se alimentan con expresiones ultra-conservadoras, fundamentalistas y empresariales.
Se le denomina pacto de corruptos, que ha logrado borrar a Guatemala como país ejemplo (2015), donde era posible llevar a tribunales a funcionarios públicos y privados por robar el erario nacional; a una nación donde hay un desgobierno, aumentan las desigualdades sociales y se reprime voces opositoras.
La instauración de un Estado mafioso ha tenido como consecuencia, entre otros aspectos: el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la debilidad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ambas trabajaban en coordinación develando enormes hechos de corrupción; el nombramiento de una abogada ad hoc como jefa del Ministerio Público (MP); el exilio de dos ex Fiscales Generales, dos magistradas y varios fiscales probos; así como la liberación de condenados o sujetos a proceso por malversación de fondos y tráfico de influencias.
Este pacto se concreta en personeros envalentonados que controlan hoy el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes apoyados con abogados de escasa reputación, realizan gestiones sin base legal para suspender de su cargo a jueces independientes, entre ellos, la jueza Erika Aifán, reconocida porque está haciendo historia al servicio del pueblo que exige transparencia y buen uso de sus impuestos.
La doctora Aifán es objeto de amenazas y hostigamiento, además se le interpusieron denuncias judiciales sin medio de prueba alguno para destituirla, incluso existe la posibilidad de que se gire una orden de aprehensión en su contra, lo que pondría en grave riesgo su integridad física.
La “Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad”, organizaciones del movimiento social -entre ellas, de mujeres indígenas y feministas-, así como columnistas de diferentes medios en Guatemala y centroamericanos, nos hemos solidarizado con la jueza Aifán, estamos en extremo preocupados por ella y exigimos garantías por su seguridad y se anulen los antejuicios que existen contra ella.
Alejarla de su puesto como jefa del Juzgado D de Competencia Ampliada, donde se ventilan casos de corrupción de gran impacto (Odebrecht, Construcción y Corrupción, Asalto al Ministerio de Salud, Financiamiento Electoral del Partido Unionista, Comisiones Paralelas) en los que están involucrados conocidos personajes políticos y financieros, afectaría de manera drástica los anhelos populares de acabar con la impunidad, en tanto, las investigaciones van arrojando hallazgos sobre redes de delincuentes de gran alcance.
Actualmente se lleva a cabo una campaña a favor de la independencia judicial y de apoyo a la jueza Aifán, quien en este año recibió el Premio “Mujer coraje”, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como ícono de la justicia en Guatemala; mientras que a la actual titular del MP, Consuelo Porras, fue incluida en la lista de actores corruptos y no democráticos, por esa misma entidad.
*Periodista mexicana radicada en Guatemala