Las mujeres defensoras de Derechos Humanos realizan una labor titánica en un contexto donde el gobierno no ha podido revertir la situación de violencia generalizada y mucho menos la violencia contra las mujeres. Sin embargo, las defensoras son también víctimas de agresiones con tintes machistas, sexistas y/o de violencia sexual.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) señala en diversos informes que la mayoría de las veces las agresiones contra las defensoras tienen que ver con el rol que cumplen en su familia y en la comunidad, a la par que las amenazas se extienden a sus hijos, hijas y familia. En la mayoría de los casos en los que se identifica al perpetrador de la violencia, suelen ser agentes del Estado y, en segundo lugar, el crimen organizado. Esta situación ha obligado a muchas mujeres defensoras a dejar su lugar de residencia como alternativa de sobrevivencia.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) “el desplazamiento interno forzado es una violación de Derechos Humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los Derechos Humanos, de desastres naturales o de catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional”.
También señala que el retorno a sus lugares de residencia pocas veces se ha logrado; es decir, las situaciones de violencia en su contexto y las amenazas no disminuyen, y se replican constantemente historias de mujeres defensoras y sus familias que ven interrumpida su vida.
Triste ejemplo de los retos y pendientes para con las defensoras es el caso de la presidenta y fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”, Cecilia Flores, quien busca a dos de sus hijos.
Alejandro, el segundo de sus tres hijos, fue desaparecido en 2015 en Sinaloa, y cuatro años después, en 2019, su hijo mayor Marco Antonio también fue víctima del mismo delito en Sonora. Su hijo menor también fue desaparecido, junto con Marco Antonio, pero él fue liberado; sin embargo, para seguir con el martirio, sufrió un nuevo intento de desaparición y un atentado que casi le cobra vida en 2020.
Recientemente Cecilia denunciaba que además ahora es víctima de desplazamiento forzado. ¿Por qué? porque durante meses el gobierno estatal ha ignorado las denuncias por amenazas en su contra. En julio denunció las primeras intimidaciones: 24 horas después del asesinato de Aranza Ramos (otra defensora e integrante del colectivo “Guerreras Buscadoras” que, también en Sonora, buscaba a su esposo) Cecilia recibía mensajes que le advertían que de no detener su trabajo, ella sería la siguiente.
Ella obtuvo medidas cautelares para su protección por parte de la CNDH y también de la Subsecretaría de Derechos Humanos federal. A la fecha, la Fiscalía de Sonora no ha avanzado en su caso; es más, a través de un comunicado señaló que sólo se trataba de un intento de extorsión, ignorando y minimizando los hackeos a las cuentas de redes sociales del colectivo y las amenazas de muerte.
En consecuencia, el pasado 7 de octubre, Cecilia denunció que se veía obligada a abandonar su tierra y que el lunes 11 de octubre comenzaría una huelga de hambre frente a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México con la finalidad de exigir su intervención por la falta de respuesta, atención y protección de parte de las instancias estatales. Hasta el momento de la redacción de esta columna, aún no ha sido atendida y su huelga continuaba. Su historia nos muestra un ejemplo de lucha, pero también de injusticia e impunidad.
El desplazamiento forzado de mujeres defensoras de Derechos Humanos, como el caso de Cecilia, ha sido documentado por organizaciones como la CMDPDH, Artículo 19, Espacio OSC y la propia CIMAC.
Se trata de casos que han obtenido medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya sea una vez desplazadas o bien, como parte de las medidas de protección, reubicadas.
Dichas organizaciones han identificado que las medidas suelen no tomar en cuenta condiciones como el sexo, etnia, edad, situación migratoria, situación económica y condición social. En consecuencia, cuando el Mecanismo ejecuta medidas de refugio temporal o reubicación no suele considerar condiciones como los roles de cuidado o situaciones familiares, lo que genera desigualdad, revictimiza y vulnera sus derechos como mujeres y defensoras.
Paralelamente, el pasado 5 de octubre la Secretaría de Gobernación, por medio del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, anunció la creación del Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas. Este sistema busca fortalecer las políticas públicas en esta materia, como el Mecanismo de protección, y la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Desde la creación del Mecanismo en 2012, se ha intentado varias veces hacer efectiva la relación entre dependencias, sin éxito por no haber contado con diagnósticos ni la participación de organizaciones expertas y personas defensoras y periodistas.
Con este nuevo Sistema, nos queda preguntarnos ¿será un paso para que casos como el de la señora Cecilia no se repitan? Si asumimos que la prevención evitaría las agresiones y situaciones de riesgo, el desplazamiento forzado tendría que desaparecer. Sin embargo, cómo será posible en regiones con gobiernos estatales y municipales que las ven como amenazas, que minimizan las denuncias e ignoran su labor, donde el crimen organizado es quien decide cómo y cuándo; y donde el sistema patriarcal permea estas estructuras.
Esta nueva iniciativa puede llegar a ser una herramienta para ampliar y vigilar el trabajo en los estados y municipios. O, por el contrario, también puede ser otro triste ejemplo de buenas intenciones frente a las cámaras, sin trabajo que impacte positivamente en las vidas de las mujeres defensoras. Aún no lo sabemos. Nosotras esperamos que las cosas cambien: que las políticas públicas funcionen, que las instancias gubernamentales hagan su trabajo y que esta violencia se acabe; que salir de sus comunidades no sea necesario, ni sea la única y última alternativa para las mujeres defensoras.
*Estudiante de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social, El Colef