La obligación de proteger impone al Estado el deber de asegurar que las personas no sufran violaciones a sus derechos por parte de una autoridad o de un particular, es una acción efectiva que lo obliga a adoptar medidas para el goce de derechos frente a la criminalidad; hoy ese Estado de derecho se ve vulnerado frente a hechos que van cobrando notoriedad y rebasan por mucho la construcción de un clima de seguridad, confianza ciudadana, paz social y orden público.
En los años ochentas se forjó la idea de que ciudades como la nuestra eran un santuario para que las familias de los narcotraficantes se instalaran, la aparente tranquilidad, el desarrollo industrial, la cercanía a la capital y los gobiernos acompañados de alternancia pacífica hicieron un lugar atractivo para vivir, teniendo como primicia que no se calentara la plaza.
Pero la cosa cambió, la Seguridad Pública como instrumento para la gobernabilidad, y en consecuencia para la competitividad, y el desarrollo social y económico está siendo francamente amenazada, al gobierno de Querétaro se le viene haciendo bolas el engrudo, además del desastre en la obra de 5 de febrero y el tema de un transporte público que no solo es ineficiente sino incapaz de atender medianamente a sus usuarios, ahora se suma a esta ola de infortunios los actos de violencia que no se pueden ocultar.
Narcomensajes, ejecutados, ataques a un módulo de seguridad, hieleras, autos incendiados, son temas que no veíamos en un Querétaro en el que se insiste estar en la ruta del siguiente nivel, eslogan que no toma en cuenta que las dinámicas antisociales y la proliferación de fenómenos delictivos van en aumento, siendo además elementos que debilitan el tejido social.
Hoy vivimos las consecuencias de la desatención a estos fenómenos, lo del estadio Corregidora fue un primer aviso, mucho se especuló que grupos delictivos estuvieran detrás de ello; las ejecuciones por sicarios en establecimientos comerciales fueron un segundo aviso, siguió lo de Guacamayaslikes pero el gobierno le restó importancia, evadieron dar explicaciones amplias o realizar algún tipo de acción contundente sobre el tema; y por último el abatimiento de El Zermeño. La realidad rebasó las especulaciones.
El último aviso llegó sin conmiseración alguna, es evidente que el estado viene descomponiéndose paulatina y consistentemente, los datos de la tasa de prevalencia delictiva arrojan que la ciudad de Querétaro se encuentra por encima del promedio nacional, según el INEGI, Querétaro ocupó el sexto lugar a nivel nacional por registrar una tasa delictiva de 26.5 por cada cien mil habitantes.
El Semáforo Delictivo Nacional nos ubicó en el lugar 13 entre los estados más inseguros del país por el incremento en homicidios, secuestros, extorsiones, narcomenudeo y robo de autos.
Hablar del siguiente nivel en estas condiciones es irresponsable si no existe reacción contundente de la autoridad, no son simples turbulencias, se requiere meterle la mano a una agenda de seguridad ciudadana que ponga en primer lugar la protección de las personas, que sea coherente con la idea del desarrollo humano y que se erija como un poderoso instrumento de gobernabilidad. Al gobierno de Kuri le queda mucho por corregir.